Tácticas dilatorias

El consejero de Justicia e Interior, Francisco Granados, compareció el viernes ante la Asamblea de Madrid para dar cuenta de la trama de espionaje en la Comunidad que gobierna Esperanza Aguirre. Sobre su departamento recaen las principales sospechas por los seguimientos a diversos altos cargos del PP. Su estrategia ante las preguntas de la oposición consistió en reclamar la presunción de inocencia, por un lado, y en minusvalorar los hechos conocidos, por otro. Sólo al final de la sesión, Granados reveló haber llevado a cabo la investigación interna que se le solicitaba desde dentro del partido. Según su versión, los resultados no permitirían vincular los informes conocidos con su departamento.

Pero no es eso lo que se deduce del propio tenor de los informes, con lo que el consejero Granados se instaló en una posición contradictoria ante la Asamblea: admitir implícitamente la veracidad de los documentos y, al mismo tiempo, no extraer las consecuencias evidentes de su contenido. Tal vez por ello recurrió a un sorprendente procedimiento que parecía destinado a ganar tiempo y comprobar si, entretanto, amaina el escándalo: se declaró a la espera de nuevas informaciones periodísticas para seguir investigando. No es de recibo que un responsable de Justicia e Interior espere deliberadamente el estímulo de los medios para esclarecer un asunto que, por lo sabido hasta ahora, viola derechos fundamentales, además de poner en evidencia los métodos empleados en la lucha interna de un partido político.

La intervención de Granados estuvo dirigida a limitar el nivel político al que puede afectar la trama de espionaje. Pero, de nuevo, se produce una paradoja. Al intentar ponerse a salvo, no logra evitar que las responsabilidades lleguen más alto: si él no está en condiciones de dar una respuesta, ésta deberá exigirse en instancias superiores. Lo contrario sería tanto como admitir que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está dispuesto a tolerar que se practique el espionaje desde alguno de sus departamentos. El propio Granados se dejó deslizar por esta vía cuando, a preguntas de la portavoz de Izquierda Unida, rechazó "poner la mano en el fuego" por todos los funcionarios y cargos de la Comunidad. Su responsabilidad le exige estar en condiciones de ponerla. Si no la asume, deberá hacerlo la instancia superior.

Y el siguiente es el vicepresidente Ignacio González, quien, no por casualidad, también se encuentra en el ojo del huracán. Por una parte ha sido espiado (las evidencias son abrumadoras) y, por otra, todo parece indicar que la cadena de mando real de los agentes que han seguido a políticos del PP (Cobo, Prada, etcétera) conduce directamente a él, puenteando al jefe natural, el consejero Granados. Queda, pues, la presidenta. Aguirre se enfrenta al mayor escándalo de su carrera. Y finalmente está Rajoy, quien sopesa estos días cuándo y en qué sentido cierra la investigación que ha ordenado sobre un asunto que amenaza con despedazar al PP: lo único que no puede hacer es cerrar los ojos.