Televisión sin publicidad

La televisión pública francesa dejó la pasada semana de emitir publicidad de las ocho de la noche a las seis de la mañana. La decisión del Gobierno galo anunciada hace un año se anticipa, con modales de dudoso gusto, a una medida que alberga la ley sobre el audiovisual público que está siendo debatida en el Senado francés. La ley retirará la publicidad de los medios públicos. Un aumento en el canon que ya se cobra por la tenencia del televisor, un nuevo impuesto sobre la facturación publicitaria de las televisiones privadas y una tasa sobre los proveedores de Internet paliarán la merma de ingresos que causará el abandono de la cesta publicitaria. Y, a la postre, será el Estado quien deberá aumentar su aportación a las televisiones públicas.

La emisión de publicidad no paga los despilfarros mastodónticos de tantas televisiones públicas continentales. Por ejemplo, las televisiones y radios públicas captan en España cerca de 1.200 millones de euros anuales de publicidad, que cubren alrededor del 37% de sus gastos de explotación. El resto lo pagan las Administraciones: estatal, autonómicas o locales. Pero a pesar de que el dinero sale del bolsillo de los ciudadanos, quienes gobiernan acostumbran a tener un penoso sentido de la propiedad gubernamental de los medios públicos. Sarkozy, con la citada ley, recuperará para el Gobierno la atribución de nombrar la cúpula directiva de estas televisiones.

En muchos países existe un canon por la tenencia de un televisor. Es una fórmula recaudatoria finalista que impide que se asiente, como en España, la errónea idea de que la televisión pública nos sale gratis. Pero la multiplicación de plataformas televisivas, como Internet o los móviles, lo hace más difícil de administrar. Una tasa sobre Internet no parece aconsejable cuando se necesita impulsar la cultura digital. Que las televisiones privadas, si las públicas no compiten por el pastel publicitario, contribuyan parcialmente al sostenimiento de éstas es pensable, si ello no se añade a otras aportaciones forzosas y se clarifican el modelo y los contenidos del audiovisual público para no tener que verse sufragando un campeonato de bailes de salón. Y no ha de ser descartable una televisión totalmente sostenida por los presupuestos públicos. Una televisión, eso sí, de servicio público y no al servicio del Gobierno, ni dedicada a repetir, con ese dinero y ventajismo, una oferta que ya hace el sector privado. Se trata de pensar una televisión más útil y barata.