Terroristas del mar

El Playa de Bakio debe llegar mañana a las Seychelles, escoltado por la fragata Méndez Núñez, con sus 26 tripulantes, 13 españoles y otros tantos africanos, sanos y salvos. El secuestro que sufrieron el domingo pasado, cuando la embarcación navegaba frente a las costas somalíes, concluyó el sábado digamos que felizmente, porque sólo han de lamentar el miedo que pasaron durante su cautiverio. Pero el problema, como precedente o no, apenas acaba de plantearse.

Parece evidente que los piratas sólo abandonaron el pesquero español -que habían asaltado el domingo anterior- una vez pagado el rescate exigido, probablemente a través de abogados intermediarios en Londres. El rescate habría rondado los 750.000 euros, según fuentes somalíes, pero no es tanto la suma lo que cuenta como su procedencia. Si el dinero lo ha pagado el armador es difícil formular una opinión tajante. Es un particular, y todo lo que hubiera significado dejar a los marineros a su suerte habría constituido para él un gravísimo problema moral y de opinión pública. ¿Pero y si ha sido el Gobierno español, cuyos esfuerzos diplomáticos o de seguridad sólo podían ser de un alcance limitado, quien favoreció, contribuyó o intervino directamente en el pago?

¿Deben los Estados alentar de hecho ese terrorismo del mar recompensando a los piratas, al pagar o permitir que se pague un rescate? Hace unas semanas, Francia, que se vio en situación similar cuando el superyate Ponant fue asaltado, se zafó de responder porque su armada pudo recuperar gran parte del rescate y detener a los terroristas del mar. ¿Podía España haber hecho lo mismo? El PP quiere preguntárselo al Gobierno en el Congreso.

Seguramente no se puede establecer una ley universal, ni la oposición debe convertir en tormenta política una crisis que culmina bien. Los casos deben examinarse teniendo en cuenta el riesgo para los secuestrados, la viabilidad de un rescate militar o las posibilidades de acción diplomática. Pero la vida humana ha de ser siempre el bien más preciado para los poderes públicos. Lo que resulta claro es que esta resurrección de las acciones de piratería en zonas muy concretas no debe abordarse en orden disperso. Los organismos internacionales, la ONU básicamente, y ante situaciones como la que nos ocupa la Unión Europea -una buena docena de cuyos países miembros poseen medios de guerra marítimos de alguna consecuencia- habrían de estudiar muy seriamente el asunto.

No se trata de que potencias individualmente consideradas -España, Francia, Reino Unido- patrullen en sesión alterna o continua ciertos mares lejanos y peligrosos. El objetivo debería ser, puesto que el riesgo es cierto y existen medios para ello, que una flotilla renovable y rotatoria de los países afectados se desplegara de manera permanente para proteger el trabajo en el mar y combatir hasta la extinción esta nueva plaga. La pax britannica, no por casualidad, se basaba en buena parte en esa acción de policía marítima.