Todavía no es suficiente

A nadie debe extrañar que la Comisión Europea (CE) siguiera ayer estrictamente el guión previsto en la verificación de las medidas de ajuste propuestas por España para reducir el déficit público desde el 11,2% del PIB en 2009 al 9,3% en 2010, el 6% en 2011 y menos del 3% en 2013. La Comisión respalda el plan español de austeridad y frena el procedimiento de sanción abierto por déficit excesivo, pero advierte que las decisiones de ahorro previstas para el año que viene pueden ser insuficientes. Pide que se especifiquen las medidas que limitarán el techo del gasto público para el año próximo, que equivalen a un recorte añadido del 1% del PIB y una reducción adicional del déficit equivalente al 0,75% del PIB. Ni siquiera faltó en la recomendación un recordatorio a la reforma laboral y la llamada a la reforma de las pensiones, que es la cuenta pendiente de España con Bruselas.

La Comisión tampoco se olvidó de desmentir que se esté preparando un plan de rescate financiero para España, un rumor que se extendió el lunes como reguero de pólvora a partir de imprecisas informaciones de medios de comunicación alemanes y que la canciller Angela Merkel no quiso o no acertó a desmentir con rotundidad. La especulación informativa puede dañar irremisiblemente a las economías que atraviesan por dificultades de ajuste coyuntural. El sistema bancario español es más sólido y está mejor provisionado que el británico, el francés o el alemán; las empresas españolas tienen activos sólidos para soportar una recesión; la tasa de ahorro en España es muy superior a los casos de otros países en dificultades, con quien frecuentemente se la compara; el Estado tiene un amplio recorrido de subida impositiva y el plan para reducir el déficit tiene el aval de la CE. No hay razones objetivas para mantener a la economía española en una espiral de reticencias. Sobre todo cuando se observa que España, como otros países de la UE, está atrapada en la contradicción del ajuste obligado que obstaculiza el crecimiento necesario para reducir el déficit.

La evaluación comunitaria de la política española contra el déficit parece ser la resultante de dos fuerzas contrarias. Por una parte, se acepta que la voluntad política de austeridad es auténtica (no habrá trampas contables en su aplicación) y factible; por la otra, se observa una tendencia a la imprecisión en la descripción de las medidas de ahorro y se recuerda la torpeza de enviar a Bruselas un cambio en el periodo de cómputo de las pensiones, crucial para reforzar la solvencia del sistema, que después fue retirado. Las dudas jurídicas del Gobierno sobre la reforma laboral tampoco ayudan: que se tramite a través de un decreto o proyecto de ley no es pretexto para retrasar su aprobación.

La Comisión ha ratificado lo que ya era plausible: el Gobierno tendrá que dar otra vuelta de tuerca al gasto para 2011 y considerar nuevas subidas impositivas. Zapatero tiene la oportunidad de superar el mero recorte y reestructurar en profundidad el gasto de las Administraciones públicas.