Todos contra el dióxido

Con mucho retraso, el Gobierno ha redactado un documento que recoge los objetivos que debe proponerse la sociedad española para afrontar el cambio climático y contribuir eficazmente a la disminución de la emisión de gases con efecto invernadero, con el dióxido de carbono a la cabeza como enemigo contaminante que debe eliminarse. Todas las estrategias que propone el documento son perfectamente razonables y pueden suscribirse prácticamente con los ojos cerrados.

Las calderas calefactoras de carbón deben ser sustituidas por otras menos contaminantes; el precio de la electricidad debe subir, de forma selectiva además, para acabar con el derroche de luz; los coches con mayor cilindrada deben ser penalizados fiscalmente; la Administración tiene que poner en marcha estímulos económicos para el consumo de biocombustibles y el aire acondicionado en los lugares públicos tiene que someterse a límites razonables. Pocos discutirán los grandes perfiles de esta estrategia ni el objetivo de reducir el consumo de energía el 1% anual hasta el año 2012.

El problema es que, por el momento, se trata de un mapa demasiado general y poco detallado. No es lo mismo encarar un plan de ahorro energético con una subida del precio de la electricidad del 3% que con una del 10%; es evidente que el Gobierno tropieza con graves dificultades políticas para repercutir en la tarifa las subidas de los costes, con unas elecciones autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina y unas generales en 2008. Tampoco se puede articular un programa efectivo de eficiencia energética y ahorro sin definir con exactitud cuál es el destino de la producción actual de electricidad nuclear, objeto de mensajes políticos contradictorios. Otros proyectos, como las mejoras de eficiencia en el aire acondicionado o la programación de la temperatura en lugares públicos o centros comerciales, requieren controles e inversiones para garantizar su cumplimiento y, por tanto, es necesario comprobar el alcance de los recursos que se aportan para cumplirlas antes de emitir un veredicto sobre su eficacia potencial.

El aspecto más valioso de esta estrategia es que el Gobierno ha captado el mensaje principal: la sociedad española necesita planes drásticos para reducir la emisión de gases a la atmósfera. No es casualidad que estos planes tengan grandes coincidencias con las disposiciones de ahorro y eficiencia energética que viene reclamando a voces la producción industrial del país. Ahora conviene estar atentos a la redacción y coordinación de cada una de las medidas que compondrán el mosaico final. En ese encaje radican las expectativas de éxito.