Todos a una

El comité federal del PSOE respaldó el pasado sábado, sin la más leve crítica, la gestión de Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno. Los dirigentes socialistas llegaron a la cita convencidos de que el Ejecutivo atraviesa su peor momento político, y prefirieron hacer un alarde de unidad en torno al líder que una reflexión sobre las causas. No por previsible y esperada, la reacción del máximo órgano socialista entre congresos deja de ser una de las opciones más arriesgadas para el futuro. Desde luego, hubiera sido insensato escenificar un divorcio entre el secretario general y los principales líderes territoriales. Pero la reafirmación de la unidad no tenía por qué basarse en un aval sin condiciones a un modo de gobernar que antepone los golpes de efecto al desarrollo de una estrategia rigurosa.

Si los dirigentes socialistas tenían dudas sobre cuál es uno de los principales problemas que les afecta, en su discurso Zapatero reincidió en él. Una reunión de partido no es lugar para anunciar los planes del Gobierno, menos en un asunto como la financiación local. Zapatero, sin embargo, no tuvo reparos en anunciar el aplazamiento de la deuda de los ayuntamientos durante un año y el escalonamiento del pago por otros cuatro, así como la consagración de un 15% del nuevo Plan de Inversión Municipal a educación. Al margen de la falta de sensibilidad institucional que evidencia el escenario escogido, estos anuncios corroboran la imagen de improvisación que transmite el Gobierno: que su presidente haga pública una nueva medida en cada comparecencia no es prueba de una inagotable capacidad de iniciativa, sino de una irreflexión elevada a la categoría de estrategia.

Zapatero se presentó como un paladín frente a unos imprecisos "poderosos" dispuestos a liquidar las políticas sociales, subrepticio preámbulo para justificar la necesidad de subir los impuestos. En una democracia consolidada, nadie puede haber más poderoso que el propio Gobierno y, por tanto, la retórica presidencial resulta difícil de admitir. La opción de elevar la carga fiscal de una economía que destruye masivamente empleo entraña el grave riesgo de contraer aún más el consumo y la inversión, ahondando las causas que han dejado a cuatro millones y medio de ciudadanos en el paro. Y si este riesgo se materializase, el culpable no sería ningún oscuro poderoso sino el Gobierno, responsable de la política fiscal.

Zapatero tuvo palabras de crítica para el gobernador del Banco de España y para algunos sectores empresariales. En el primer caso, olvida que el gobernador cumple con su misión institucional cuando expresa un criterio independiente; en el segundo, se desentiende de una responsabilidad que le compete: igual que ahora promueve el cambio de modelo productivo, tal vez debería haber saneado esos sectores antes de que estallara la crisis. Ésa hubiera sido mejor manera de proteger a los trabajadores, que ahora se encuentran con que España es el país que más paro produce entre las economías de su entorno. También animó a los suyos a no dejarse llevar por lo inmediato ni desanimarse por "dos editoriales y tres tertulias", en referencia a EL PAÍS y la Cadena SER. Dejando de lado que la concepción del papel de la prensa en democracia que tiene el presidente amerita una reflexión seguramente más larga que la presente, los socialistas tal vez estuvieran en mejores condiciones de hacerle caso si, por su parte, gobernase pensando menos en los titulares y las encuestas, que son otra forma de lo inmediato.

El comité federal de los socialistas se desarrolló y concluyó como lo que era, un acto de partido. Apagados sus ecos, la grave situación económica que atraviesa el país seguirá esperando la respuesta rigurosa y coherente que hasta ahora no ha sido posible identificar.