Tragedia birmana

El pesado balance del ciclón que azotó y devastó el pasado fin de semana parte del sur de Myanmar, donde vive la mitad de una población de 53 millones de habitantes, habla por sí mismo: 22.500 muertos y al menos 41.000 desaparecidos. Las catástrofes naturales son lógicamente imprevisibles, pero las autoridades de un país pueden hacer bastante más de lo que la Junta Militar birmana hizo antes de que se desataran los vientos huracanados de casi 200 kilómetros por hora en la noche del viernes al sábado en el delta del río Irawady, a pocos kilómetros de Yangon, la antigua capital de la hoy denominada Myanmar.

No avisaron con la suficiente antelación del peligro. Quedó en evidencia su obstinación de no implantar un sistema de alerta temprana contra catástrofes como han hecho otros países de la región tras el tsunami de 2004. Rebajaron las cifras de víctimas en los primeros momentos mientras la televisión y la radio estatales hablaban del "entusiasmo popular" por participar en el referéndum constitucional del próximo sábado, que en la zona devastada será aplazado hasta finales de mes. Y las operaciones de auxilio fueron muy lentas. La energía y la diligencia que demostraron los militares en su represión de la revuelta del pasado septiembre no se han visto por ningún lado.

Las dimensiones de la tragedia han sido tales que la dictadura del general Than Swe ha aceptado la ayuda humanitaria internacional, algo que, sin embargo, rechazó durante el maremoto que golpeó el sureste asiático en las navidades de 2004. Está por ver si eso se ceñirá exclusivamente al envío de víveres y materiales o se permitirá la entrada a la hermética y empobrecida ex colonia británica de personal de agencias de la ONU y ONG, a las que la Junta Militar expulsó hace dos años y les ha dificultado siempre la labor sobre el terreno por considerar que trabajan para la oposición.

La catástrofe exige la solidaridad mundial, como así ha empezado a suceder. Estados Unidos, que endureció las sanciones económicas después de la represión del pasado septiembre, ya ha anunciado su intención de hacer el máximo, al igual que la Unión Europea. Ojalá que el desastre sirva de punto de inflexión para que el régimen militar acepte democratizar el país, no con cosméticas reformas constitucionales, sino con la excarcelación de la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.