Ultimátum inaceptable

Que las asociaciones judiciales se pongan al frente de la protesta que planean los jueces contra el Gobierno, incluida una posible huelga, tiene de positivo que puede servir para encauzar y dar un toque de racionalidad a un movimiento con aires de revuelta antisistema y que adolece de un acusado tono corporativista. Y ello por estar monopolizado hasta el momento por decanatos y juntas de jueces, órganos internos del sistema judicial destinados a organizar su funcionamiento, y no a paralizarlo.

El malestar difuso que alimenta la protesta debería concretarse en reivindicaciones negociables y dejar de estar movida por sentimientos de revancha, como se deduce de ese "ahora les toca a ellos" con el que el juez del caso Mari Luz, Rafael Tirado, se dirige a sus colegas para animarles a ir a la huelga. Las asociaciones, sin embargo, deberían haber tomado distancias frente a una acción tan irresponsable y no amenazar con ella ni siquiera como último recurso para no provocar el pasmo entre los cuidadanos, y ahondar aún más en el descrédito de los jueces.

Lo sucedido con el juez Tirado ha sido la mecha que ha encendido los ánimos judiciales, reavivando los rescoldos del crónico malestar por la supuesta falta de medios. Los jueces saben y deberían asumir que la responsabilidad disciplinaria no responde a las mismas reglas que la penal. No constituye, por ello, ningún disparate jurídico valorar, a los efectos de la sanción, las consecuencias no previstas de una negligente actuación administrativa como fue dejar de ejecutar durante más de dos años una sentencia condenatoria, posibilitando la comisión de un gravísimo delito. ¿Cree el colectivo judicial que esa actuación queda saldada con una multa de 1.500 euros? Si los jueces quieren que la sociedad les comprenda, deben dejar de avalar decisiones incomprensibles como ésta.

O como la de amenazar con una huelga. ¿Contra quién? ¿Contra sí mismos como parte del Estado, de uno de cuyos poderes (el jurisdiccional) son titulares? Más que de una huelga, que la Constitución reconoce a "los trabajadores en defensa de sus intereses", se trataría de un cierre patronal. ¿Quiénes si no los jueces tienen las llaves de la empresa de la justicia? Deberían sopesar si están legitimados para echar el cierre a una actividad esencial del Estado, vulnerando de paso derechos constitucionales del ciudadano, en concreto el derecho a la tutela judicial efectiva.

Hay asuntos sobre los que deberían aclarar su posición antes de debatirlos con el Gobierno o el Consejo del Poder Judicial. Se oponen a que los señalamientos de juicios y vistas pasen a ser competencia del secretario judicial, pero no hace mucho tiempo avalaron que el secretario judicial se responsabilizara de la marcha administrativa del juzgado para dedicarse sólo a la tarea jurisdiccional: juzgar y ejecutar lo juzgado.

Puede discutirse si el señalamiento de juicios es un trámite administrativo o parte de la función jurisdiccional. Pero si los jueces mantienen que es una atribución suya, lo coherente sería ejercerla a lo largo de todo el proceso: en la fase final de ejecución de sentencia y no sólo en su inicio. Si quieren controlar la agenda del juzgado deben hacerlo en todos sus aspectos: en los beneficiosos y en los que conllevan riesgos, como el que corrió el juez Tirado al no controlar como debía la ejecución de la condena del presunto asesino de la pequeña Mari Luz.