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Por una Universidad atrevida

Pablo Salvador Coderch

España, siempre ensimismada: ninguno de los rectores de sus 76 universidades es extranjero y no muchos de entre sus 10.000 catedráticos numerarios cuentan con más de un año de experiencia investigadora posdoctoral en otro país.

Pero tenemos una oportunidad clara de mejorar mucho y sin coste adicional. Así, en los próximos 10 años, la tercera parte de los catedráticos nos jubilaremos y si mañana nos conjuramos todos para que nuestros sucesores sean designados solo o mayoritariamente entre doctores con seria experiencia fuera de España, en media generación le habremos dado la vuelta a nuestra Universidad. Muchos de los mejores doctores están allende nuestras fronteras, esperando la oportunidad de darlo todo para volver a este país. No les hagamos esperar más. Atrevámonos de una vez a cambiar las cosas.

Queremos universidades más internacionales y más arraigadas en su entorno
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Tomo esta propuesta de un informe que nuestras autoridades ministeriales han encargado a un comité de expertos presidido por Rolf Tarrach, catedrático de Física y rector de la Universidad de Luxemburgo (Daring to reach high: strong universities for tomorrow's Spain, disponible en la Red). Sus propuestas son de puro sentido común, nada o poco costosas para el contribuyente, pero, eso también, políticamente complejas. Por ello, el comité insiste en que un consenso bipartidario sería crucial, un pacto entre los partidos políticos, así como entre la Administración central y las comunidades autónomas.

Como temo que me acusen de cosmopolitismo burgués, adelantaré que las reformas propuestas por el informe han sido ya probadas en otras culturas muy próximas a la nuestra. Por ejemplo, la Universidad de Coimbra sacó recientemente a concurso internacional su plaza vacante de rector. ¡Qué envidia!

Otra propuesta a coste cero por cuya adopción algunos venimos clamando desde hace muchos años es la eliminación de la endogamia académica, un eufemismo de corrupción universitaria premeditada y aleve: las universidades deberían de evitar convocar plazas a concurso de acceso en favor de sus propios doctores, al menos durante los cinco años siguientes a la lectura de sus respectivas tesis doctorales. Recientemente, detalla el informe, lo han pedido hasta los franceses.

Por antigüedad antes que por cualquier otra cosa, llevo años formando parte de paneles de evaluación centrales constituidos para acreditar profesores, para concederles subsidios o para reconocerles méritos varios. Mas la verdad, siempre descarnada, es que las más de las veces me siento como un veterano comisario de policía de Moscú llamado a evaluar las ejecutorias profesionales de los subinspectores e inspectores de Vladivostok, Kursk u Odesa. Fuera de mi especialidad, los costes de la evaluación superan a sus beneficios y, naturalmente, la tarea fatiga y sale medio mal.

No puede haber internacionalización de la Universidad sin exigencia sistemática del conocimiento del inglés como herramienta de trabajo, una materia en la cual todavía podemos mejorar mucho y, de nuevo, sin coste.

La Universidad española es bastante equitativa, pues acoge a más población de entre 25 y 34 años de edad que el promedio de países de la OCDE, pero todavía podemos mejorar: los irlandeses, explica el informe, lo están consiguiendo con medidas tales como abrir el acceso a gente adulta de todas las edades o proponerse que, en 2020, un 20% de los nuevos estudiantes llegue a la Universidad por vías alternativas al Bachillerato.

Con la crisis, la Universidad española ha perdido recursos, pero la propuesta, acaso imparable, de aumentar las tasas académicas es polémica y podría comprometer la viabilidad del consenso bipartidario que preconizamos. En Europa, la dualidad de modelos es clara: los británicos, por ejemplo, apuestan claramente por subir las tasas, mientras que los escandinavos o los alemanes lo hacen por la gratuidad. Una sugerencia inicial puede desencallar el tema, pues, en España, el 30% de los estudiantes de primero de carrera acaban perdiéndose por el camino. Como no puede haber gratuidad sin responsabilidad, toca endurecer las reglas de permanencia en la Universidad.

Sobran órganos de gobierno. Las universidades españolas tienen consejos de gobierno, presididos por un rector, y consejos sociales, vinculados al territorio en el que están implantadas. Hay que refundir ambos órganos y dejar un único consejo integrado por una veintena de miembros. Así funcionan las mejores universidades públicas del mundo, como la californiana. Y por abajo, hay que unificar grupillos de clases, integrados por una docena escasa de estudiantes sujetos a horarios demenciales.

Por último, las reformas pueden llevarse a cabo sin regular aún más la hiperregulada Universidad española. Hay que jugar con los incentivos, ofrecer zanahorias en vez de amenazar con palos. Queremos universidades más internacionales y más arraigadas en su entorno. Atrevámonos a abrirlas.

Pablo Salvador Coderch es catedrático de Derecho Civil en la Universitat Pompeu Fabra.

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