Vivienda en depresión

Las últimas estadísticas conocidas no hacen sino confirmar que el ajuste inmobiliario sigue sin tocar fondo. Las cuentas de resultados publicadas de las empresas del ramo indican un descenso de más del 78% en las ventas y de casi el 87% en los beneficios; y, al mismo tiempo, comienzan a detectarse casos, antes insólitos, de compradores de viviendas que, después de formalizado el contrato, se retractan incluso al coste de perder las cantidades anticipadas como señal. La crisis, en forma de desempleo, disminución de rentas y aumento de los costes de los préstamos, muestra ya su peor cara a las compañías del ladrillo y a sus clientes.

Hay que interpretar el hundimiento de los beneficios y de las ventas como una aceleración de la crisis inmobiliaria, que, lógicamente, prolongará la destrucción de empleo al menos durante 2009. Porque, en el mejor de los casos, las expectativas de inversión no se recuperarán antes de mediados del año próximo, y entonces ya será tarde para que pueda plasmarse en nuevos proyectos. Pero, con todo, ésta es sólo una de las vertientes de la crisis del sector. El otro flanco es el acusado descenso de la riqueza de las familias. Por una parte, la caída de la Bolsa y el descenso del precio de las viviendas están reduciendo el valor patrimonial de las familias y de los ciudadanos; por otra, el peso de los créditos es cada vez mayor, puesto que suben los costes de hipotecas y préstamos. Ésta es la situación que propicia el crecimiento en los casos de capital negativo, es decir, aquellos en los que el coste de la hipoteca -principal más intereses- es muy superior al valor actual de mercado del piso, incluso al valor esperado a medio plazo. Las consecuencias serán, a su vez, una caída más rápida de la venta de pisos y un descenso del consumo privado.

Hasta el momento, el Ministerio de Economía ha actuado correctamente al aplicar el principio de no intervención en el mercado. Ayudar a las empresas o recurrir a compras artificiosas del stock de viviendas sin vender o de suelo con dinero público sólo contribuiría a retrasar el ajuste que, lógicamente, debería hacerse, principalmente mediante una reducción sustancial de los precios. Pero los efectos sobre el consumo, ciertos y comprobados, y los que eventualmente puedan producirse sobre la solidez del mercado financiero, deberían ser analizados con atención. Para prevenir daños mayores.