Votos verdaderos

El Parlamento de Cataluña no ha aprobado la ley que, a propuesta de los tres diputados de Solidaritat (SI), pretendía fijar los pasos para alcanzar la independencia. Además de los promotores, solo han votado a favor Esquerra Republicana y Joan Laporta, integrado en el grupo mixto tras abandonar el partido con el que concurrió a las elecciones. PSC, PP y Ciutadans se han pronunciado en contra, mientras que Convergència i Unió ha optado por la abstención, lo mismo que Iniciativa.

La propuesta de Solidaritat pretendía trasladar al Parlamento el clima creado por las consultas soberanistas del pasado domingo, tanto en Barcelona como en otros municipios catalanes. Lo que ha conseguido es lo contrario de lo que buscaba: los representantes legítimos de Cataluña han dejado claro que una cosa es levantar un teatro callejero con urnas y papeletas representando una jornada de referéndum, y otra distinta pronunciarse con un voto verdadero dentro de las instituciones del autogobierno catalán. Tras la votación de ayer, persistir en las consultas sin valor legal que vienen celebrándose desde hace meses equivale a primar el espectáculo sobre las tareas que tiene asignadas el Legislativo catalán.

La posición de los diputados independentistas ha sido clara; también la de los partidos que han rechazado la ley. No así la de Convergència que, después de participar al máximo nivel en las consultas, optó ayer por la ambigüedad implícita en la abstención. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, llegó a ausentarse en el momento de la votación. De tan calculada, la escenografía que ha guiado los pasos de Convergència se ha revelado contradictoria, hasta el punto de que, al modo del Capitán Araña, enciende en las calles las pasiones que luego trata de enfriar en las instituciones. No basta con decir que se trata de un juego que no está a la altura de la responsabilidad que Convergència ejerce; es, además, un juego peligroso, que busca mantener en perpetuo movimiento la espiral soberanista que aspira a dominar la escena catalana.

Las tortuosas vicisitudes por las que atravesó la aprobación del nuevo Estatut provocaron un indudable malestar entre los catalanes, a quienes se les prometió lo imposible para, acto seguido, reprocharles que creyeran en él. A los dirigentes políticos y a los responsables de las instituciones catalanas les corresponde decidir qué hacen con ese malestar, que también contribuyeron a crear por más que ahora quieran reivindicar su inocencia para capitalizarlo. Si el presidente de la Generalitat y el grupo de Convergència no estaban dispuestos a mantener en el Parlamento lo que han insinuado en la calle durante las consultas, es porque, o no saben lo que quieren, o no se atreven a revelarlo. Por esta vía no conseguirán quedar bien con todo el mundo, sino quedar mal sin excepciones.

Si estuviera en la oposición, Convergència se arriesgaría a un castigo político. Encontrándose al frente de la Generalitat, desprestigia el autogobierno que tanto asegura desear y defender.