WalMart o la revolución

El Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene una patata caliente en las manos. El martes pasado decidió examinar el caso de la cadena de tiendas de WalMart, el mayor empleador privado del país y al que un grupo de mujeres acusa de discriminar

de manera sistemática

a sus empleadas. Las demandantes aportan testimonios y estadísticas que demuestran que las empleadas de WalMart ganan menos que sus colegas masculinos

y ascienden también

en mucha menor proporción. Baste un dato sencillo: el 70% de los trabajadores de WalMart son mujeres, pero solo el 15% alcanza un cargo directivo. Por ello, las denunciantes llevan una década pleiteando, para que se admita como colectiva su demanda, dado que forma parte de la cultura discriminatoria de la empresa y afecta a todas las empleadas. Si el Supremo acepta el caso en tales términos (antes del verano se conocerá su decisión), todas las empresas del país se van a poner muy nerviosas. Por eso, 20 grandes compañías -entre ellas, General Electric y Microsoft- han expresado ante

los jueces su

solidaridad

con WalMart.

Lo que está en juego no es solo una multimillonaria indemnización. De ganar el pleito, WalMart debería compensar a 1,5 millones de empleadas; una auténtica sangría para la firma. El problema añadido, aún más inquietante y revolucionario, es el precedente jurídico que sentaría. Los jueces del Supremo lo saben y el martes pasado, cuando abrieron el caso, lo expresaron claramente. ¿Cuántas compañías afrontarían entonces demandas similares?, se preguntaron. WalMart es una empresa típica,

le dijo el juez Samuel Alito al abogado de las demandantes. "¿Diría entonces que todas las firmas del país violan

el Título VII del Acta

de Derechos Civiles?".

Definitivamente, este caso es una patata caliente por su enorme potencial para transformar el mercado laboral y poner coto de paso a los intereses de la iniciativa privada. Betty Dukes, una mujer negra de 61 años, lidera la demanda en un país muy sensible a cualquier tipo

de discriminación, prohibida, en efecto, por el Acta de Derechos Civiles. Por eso,

a la pregunta de Alito, el letrado de las demandantes respondió sin titubeos: "Podría ser muy bien

el caso".