Zapatero implícito

El Gobierno "ha cumplido escrupulosamente el Estatuto", dijo Zapatero el jueves en respuesta a quienes le preguntaban por la disposición, incluida en esa norma, de pactar antes del pasado día 9 un acuerdo de aplicación del nuevo sistema de financiación de Cataluña. Al mismo tiempo, el Gobierno sigue buscando apoyos que le permitan evitar la comparecencia parlamentaria del presidente para dar explicaciones sobre esa cuestión que han solicitado ICV y ERC, por un lado, y el PP, por otro.

El interés del partido de Rajoy en provocar esa comparecencia es obvio: sería una ocasión para escenificar la debilidad del Gobierno en esta materia, incluyendo la bronca latente entre el PSOE y el PSC. La cuestión es por qué Zapatero se resiste a comparecer. Una explicación sería que un debate parlamentario le obligaría a hacer explícito lo que permanecía implícito en su discurso: que considera un error la inclusión de ese compromiso en el Estatuto. Es decir, poner fecha a una obligación imposible de garantizar por adelantado, pues podía no alcanzarse un acuerdo político, y, además, ese acuerdo bilateral (en la comisión mixta Gobierno-Generalitat) debía ser compatible con el acuerdo del conjunto de las autonomías.

Si Zapatero se veía obligado a decir eso en el Parlamento, el acuerdo sería mucho más difícil. Por eso prefirió recurrir a la salida piadosa de afirmar que el Gobierno ya había cumplido el compromiso al presentar su propuesta de nuevo sistema de financiación; que el Estatuto no obliga a aceptar un acuerdo, sino a plantear una oferta para alcanzarlo.

Decir que el Gobierno ha cumplido, y además "escrupulosamente", puede irritar a la parte catalana, pero evita la ruptura que podría seguir a la afirmación en sede parlamentaria de que la disposición final primera del Estatuto es incumplible; al menos, que no puede aplicarse al margen del acuerdo multilateral sobre financiación autonómica.

CiU se ha resistido a apoyar las propuestas de comparecencia con el argumento de que una cuestión esencialmente bilateral no puede ser objeto de debate en un órgano multilateral por definición como es el Congreso. Pero luego ha matizado que no se opondrá a la planteada por ICV y ERC (insinuando que podría abstenerse), pero sí a la del PP, que sólo busca "dinamitar la negociación". Lo que parece dar más importancia a la negociación que al debate público de las divergencias.

Para alcanzar un acuerdo sería conveniente empezar por renunciar a los órdagos y a la retórica tremendista. Hablar de "asfixia" de Cataluña por la falta de acuerdo antes del día 9 es una exageración. Y, sea o no una rectificación, es más inteligente desvincular la discusión sobre la financiación del voto de los presupuestos en el Parlamento, como defiende el presidente de la Generalitat, José Montilla, que forjar un frente catalán de rechazo, como insinuaron otros socialistas.