Una abyecta infamia

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid anunció hace tres años a bombo y platillo, sobre la base de una denuncia anónima, el descubrimiento de una estrategia de eutanasia masiva, causante ya de 400 muertes, puesta en marcha por el servicio de urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés mediante sedaciones letales suministradas a los enfermos a espaldas de sus familiares. La presidenta Esperanza Aguirre respaldó las medidas adoptadas por Manuel Lamela (ascendido a consejero de Transportes en la actual legislatura), que destituyó al doctor Montes, director del servicio de urgencias, y realizó una purga entre los facultativos.

La campaña de intoxicaciones informativas lanzada por la radio de los obispos y el diario El Mundo contra el doctor Montes (apodado Doctor Muerte) incluyó un reportaje titulado La Solución Final, ominoso recordatorio del exterminio de varios millones de judíos en los campos nazis. Aunque la tozudez de los hechos obligó a los calumniadores a rebajar considerablemente las dimensiones de la supuesta hecatombe, la virulencia de los ataques no bajó de tono. El presidente del PP y su secretario general elogiaron al consejero Lamela calurosamente: si Rajoy afirmó que era uno de los dirigentes populares más importantes, Acebes lo calificó de "magnífico político y magnífico patriota". El escándalo desembocó finalmente en un litigio penal promovido por la Viceconsejería de Sanidad de la Comunidad. El Juzgado número 7 de Leganés sobreseyó la causa el 20 de junio de 2007. La Audiencia Provincial de Madrid, que aceptó el recurso de apelación del doctor Montes no contra la parte dispositiva del auto judicial, sino contra su fundamentación jurídica por las referencias hechas al cumplimiento de la lex artis en el servicio de urgencias de hospital de Leganés, ha dado ahora un paso más al ordenar la supresión en el texto de cualquier mención a una eventual mala práctica médica.

Una vez que la Audiencia ha restablecido la verdad de los hechos con el sobreseimiento de la causa, ¿cómo reparar los perjuicios inferidos a la carrera de los médicos cesados en sus destinos hospitalarios de libre disposición por la Comunidad de Madrid y linchados moralmente por los corifeos mediáticos del PP? Aunque los actuales gobernantes de la Comunidad escurran hoy el bulto por falta de gallardía, deberán dar cuentas antes o después de esa abyecta infamia. Una trágica consecuencia de esta caza de brujas, sin embargo, no tiene remedio: el inútil sufrimiento padecido por los enfermos terminales de los hospitales públicos de la región, privados de cuidados paliativos contra el dolor por culpa del terror desatado entre los médicos de la Comunidad de Madrid por el santo inquisidor Manuel Lamela y la liberal madre superiora Esperanza Aguirre, elevada a las cumbres más altas del pensamiento místico con la consoladora reflexión para los médicos represaliados de que sólo la muerte es irreversible.