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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Por qué ahora

La detención por orden del juez Garzón de 23 supuestos dirigentes de Batasuna, para 17 de los cuales ha decretado prisión incondicional, ha suscitado algunas dudas que pueden sintetizarse en la cuestión de por qué se produce precisamente ahora y no con ocasión de cualquiera de las fácilmente detectables reuniones anteriores de la dirección de esa organización, cuyas actividades están judicialmente suspendidas.

Según el propio auto de Garzón, la investigación se inició hace un año. Tratándose de una investigación penal, es lógico que el juez la prolongase el tiempo preciso para reunir las pruebas necesarias para proceder contra las personas sospechosas. Es de suponer que fuera la propia policía -entre cuyas competencias está la prevención de delitos- quien iniciara de oficio la indagación, y quien, a partir de un momento dado, informara de sus pesquisas al juez. E incluso de la oportunidad de actuar el jueves día 4 en Segura. ¿Por qué ahora? Porque es cuando se han reunido los indicios necesarios para la intervención judicial.

Pero también porque no sería lógico actuar de la misma manera cuando la banda mantiene el alto el fuego que cuando hay atentados. No es que hasta el comunicado de ruptura de la tregua Batasuna estuviera por la paz y dejara de estarlo ese día. Los tres años sin muertos daban pie para creer que Batasuna podría jugar un papel en el convencimiento de los jefes de ETA, incluso por propio interés, dado que de ello dependía su legalización. Luego se ha visto que no, pero era lógico dudar mientras se mantuvo la tregua. Y era lógico también que en ese periodo se aplicase la ley con un criterio más flexible. No es lo mismo una reunión de la dirección de Batasuna para discutir su eventual legalización que para dar cobertura a la vuelta de los atentados.

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Ahora se trataba de lo segundo, y era obligado que la justicia interviniese. Las razones para la suspensión y posterior ilegalización de Batasuna siguen vigentes: no puede ser legal un partido que forma parte de un entramado dirigido por una banda que se dedica a poner bombas. No es que todos los miembros de Batasuna pertenezcan a ETA, pero sí, según demostró la investigación que llevó a su suspensión judicial, en 2002, que su núcleo dirigente actúa como parte subordinada de un conglomerado dirigido por ETA. Resulta por ello insustancial el argumento de algunos dirigentes nacionalistas de que los detenidos no cometían delito alguno pues se limitaban a "hablar, sin bombas ni pistolas". Del auto se deduce que de lo que hablaban (desde hace meses) era de cómo preparar su organización para apoyar y legitimar la nueva fase de violencia en todos los frentes anunciada por ETA.

También es insustancial la crítica de algunos portavoces de la derecha, que parecen ofendidos porque el Gobierno les haya hecho caso, obligándoles a cambiar su discurso sobre la lenidad socialista con los abertzales. Su actitud de denunciar a la vez un problema y lo que viene a remediarlo, recuerda la de aquel joven pacifista que criticaba la supresión de la mili con el argumento de que era una maniobra para desactivar el movimiento antimilitarista.

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