La amenaza del déficit

La economía española, en medio de una recesión profunda, se enfrenta a una nueva dificultad: el margen de actuación presupuestaria contra la crisis se está agotando y el déficit público se aproxima a límites propios de una economía de guerra -rondará el 10% del PIB este año-. Como consecuencia, el coste de financiación de la economía puede convertirse en un lastre muy pesado para las posibilidades de recuperación. Son advertencias en las que coinciden el Fondo Monetario Internacional y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien durante su comparecencia en el Congreso recordó que "tres años de paro como éste se llevarían los ingresos de todo un año".

Lo que el Fondo y el gobernador están recordando es que la política económica no puede consistir sólo en atender los costes de protección social. También hay que desarrollar políticas activas de estímulo económico, igualmente costosas; y, por añadidura, ha de frenarse el desbordamiento del déficit para evitar que se dispare el coste de financiación de la deuda. Pero el Gobierno se ha olvidado de la inversión productiva y pretende convencer a los inversores de que el boquete del déficit -casi 100.000 millones de euros este año- puede taparse en tres ejercicios con una subida fiscal de 11.000 millones.

Es urgente que el Gobierno tome dos iniciativas. La primera es elaborar un plan financiero del Estado que permita a inversores y contribuyentes entender cómo se va a estabilizar el déficit, cómo se va a reformar la estructura de gasto del Estado para evitar el aumento sostenido de la deuda -incluyendo una limitación de los déficit autonómicos- y por qué procedimientos se reactivará la economía, de forma que aumenten los ingresos públicos.

La segunda es reavivar el pacto social con empresarios y sindicatos para aprobar estímulos a la contratación. El gobernador insiste en reclamar una reforma laboral; entiende que así bajará el coste público del desempleo. Pero no parece prioritaria -la creación de empleo depende principalmente de la actividad- y, cuando se aborde, debería estar más enfocada a reducir la temporalidad y a flexibilizar la negociación colectiva que a reducir el coste del despido. Es más urgente el ajuste del sector financiero y, sin embargo, permanece paralizado cuando casi todas las economías occidentales han capitalizado ya sus bancos.