El azufre de Chávez

Hugo Chávez le ha dado otra vuelta de tuerca a su manipulación del incidente con el Rey al anunciar que "congela" las relaciones con España hasta que el monarca "se disculpe". Realmente no está nada claro qué significa "congelar", aunque de momento no parezca que implique medida concreta alguna. Las descalificaciones por parte de Chávez al Rey han ido creciendo desde aquel sonoro "¿por qué no te callas?" de Don Juan Carlos en la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile.

Mientras esta escalada verbal no se traduzca en hechos, hace bien el Gobierno español en no echar más leña a un fuego que sólo aprovecharía al demagogo tribuno. Chávez calificó de diabólico a Bush en las Naciones Unidas y no por eso Washington llamó a su embajador a consultas. Pero el arte de la gestión diplomática debe llevar a buscar una respuesta proporcionada que a la vez defienda posiciones, frene la escalada y evite que aumente la tensión.

Venezuela no es uno de los cuatro países latinoamericanos con los que España tiene acuerdos de asociación estratégica. Sí hay intereses económicos en juego, pero la diplomacia española debe defender antes algunos valores. Como era previsible, Chávez está utilizando el incidente para fines internos y personales: como reclamo nacionalista para sacar adelante el referéndum del 2 de diciembre sobre la nueva Constitución, que se ha confeccionado a medida. A la vez, ha aumentado su aislamiento en América Latina. Incluso sus más próximos, como Daniel Ortega, Rafael Correa o Evo Morales, se han negado a seguirle en esta línea de confrontación verbal con España. La última ruptura ha sido con el presidente colombiano, Álvaro Uribe, que se ha negado a que Chávez hiciera de mediador con las FARC, lo que le resta otro elemento de imagen e influencia.

El hecho de que vivan en Venezuela unos 700.000 españoles hace que el Gobierno español deba estar especialmente vigilante. Además, España debe defender en lo posible que la democracia venezolana no siga retrocediendo. En la cumbre se suscitó también el papel de las empresas españolas en Venezuela. Hay intereses legítimos que defender, incluyendo el de los 600 trabajadores de los astilleros gaditanos que tienen el encargo de construir ocho fragatas para Venezuela en el plazo de seis años. Son contratos firmados. Si Venezuela los incumpliera se situaría del otro lado de la legalidad perjudicando gravemente su imagen e inversiones futuras. Deben cesar las diatribas de Chávez contra las empresas españolas a las que acusa de expolio.

Sus amenazas e insinuaciones puede que sean sólo "una manera de hablar", como quiere creer el Gobierno español. Chávez va, sin embargo, mucho más allá de la retórica cuando plantea un frente en la OPEP o con el iraní Ahmadineyad. Sería irresponsable considerarlo un mero exceso retórico.