No son cargos políticos

El PSOE y el Partido Popular pueden reparar el daño causado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Tribunal Constitucional (TC): elegir a personas con acreditada solvencia jurídica e independencia de criterio y que hayan demostrado una inequívoca sintonía con los valores constitucionales a lo largo de su trayectoria profesional y pública. Ésos son los criterios que deben presidir esa renovación que, finalmente, está a punto de producirse, y no la orientación ideológica o las afinidades políticas de los candidatos. Es la forma, además, de revitalizar a instituciones que en la anterior legislatura han estado sometidas a un desgaste sin precedentes por parte del PP, que las utilizó como pieza clave en su estrategia de oposición al Gobierno de Zapatero.

A la espera de conocer los candidatos a las 20 vocalías del CGPJ, algunos de los nombres que han trascendido parecen responder a estrictos intereses de partido. Pasar desde el Grupo Popular del Congreso a vocal del órgano de gobierno de los jueces no es lo más acertado -sería el caso del diputado Ignacio Astarloa, de confirmarse su candidatura-, ni tampoco lo es que acceda a ese puesto una juez cuya contribución jurídica más destacada es la instrucción sobre el llamado caso del ácido bórico concluida en absolución.

La renovación total del CGPJ y la parcial del TC debería ser la ocasión para una rectificación de prácticas tan burdas como el reparto por cuotas o intercambio de candidatos sin el más elemental análisis de su perfil profesional. En ese sentido, no debería constituir un mero trámite, como es ahora, sino un verdadero escrutinio, la audiencia en las comisiones parlamentarias de nombramientos de los candidatos al CGPJ, tanto de los integrantes del cupo de juristas como de los propuestos por las asociaciones judiciales. Y lo mismo cabe decir de los candidatos a magistrado del Constitucional que corresponden al Parlamento.

El escrutinio parlamentario es esencial si se quiere que la elección sea transparente y se sepa quién es cada quién. Es la mejor forma de recibir información contrastada de los candidatos y de que puedan ofrecerla los medios de comunicación. El Constitucional y el Consejo Judicial asumen tareas de una relevancia pública indiscutible, por lo que no es ningún desdoro para sus integrantes someterse a un juicio de idoneidad por parte del órgano que representa la soberanía popular.