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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Una cesta alarmante

El Gobierno no puede limitarse a observar cómo suben los alimentos. Debe tomar medidas ya

La escalada de los precios de los alimentos frescos en España está rozando lo que se conoce como "alarma social". La leche y el pollo han subido más del 18% en los últimos 12 meses y los huevos cuestan casi el 11% más que en octubre de 2006. Las explicaciones habituales de este encarecimiento, que ha explotado en los últimos meses, insisten en la subida rápida de los precios de los cereales, empujada por la intensa demanda de alimentos de países como China e India, las malas cosechas o la utilización creciente de superficie sembrada para la producción de biocombustibles. La primera razón es muy verosímil, pero las dos restantes deben ser examinadas con más cuidado. No está claro que el volumen de cultivos desviado hacia los biocombustibles tenga el volumen suficiente para distorsionar los mercados y las cosechas no han sido malas en todos los productos.

La explicación más probable es que los mercados de cereales, el origen de la cadena de encarecimiento de gran número de alimentos, han operado bajo la especulación de un crecimiento insostenible de la demanda y un supuesto descenso de la oferta; y que la expectativa de escasez ha disparado los precios. Sea cual sea el origen de la presión especulativa sobre los alimentos, el Gobierno español no ha estado diligente. Se ha limitado a tomar nota de las subidas y apuntar con el dedo al petróleo como presunto culpable. Pero que el crudo esté en la frontera de los 100 dólares no explica que el pan se encarezca el 5,5% en un mes o que casi todos los alimentos básicos estén creciendo por encima de la inflación en tasa anual.

La inflación alimentaria es un impuesto especialmente dañino para las rentas más bajas, porque son ellas precisamente las que destinan una proporción mayor de sus gastos a la cesta de la compra. Ésa es la razón de la "alarma social". El Gobierno, por tanto, no puede limitarse a observar cómo suben los precios; debería haber previsto las tensiones -dispone de informes para ello- y tendría que haber actuado en consecuencia. Si hasta ahora no lo ha hecho, al menos debería articular políticas concretas para aumentar la competencia en los mercados. Es decir, debe convencer a los españoles de que tiene una política antiinflacionista más eficaz que los observatorios de seguimiento de los precios.

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