La otra corrupción

La Junta de Andalucía se ha visto salpicada por un caso de corrupción que la policía empezó a investigar en Mercasevilla y que ha revelado la concesión de jubilaciones anticipadas irregulares. El mecanismo consistía en incluir como trabajadores de empresas en dificultades a personas sin relación con ellas, de modo que pudieran beneficiarse de un fondo público creado para contribuir a la financiación de los expedientes de regulación de empleo. Hasta el momento, la operación se ha saldado con una docena de detenidos, relacionados con 39 prejubilaciones fraudulentas.

El Gobierno andaluz está dispuesto a colaborar con la justicia. El exresponsable de política local de Baeza, en Jaén, es el único dirigente socialista detenido y hay indicios contra el antiguo director general de Empleo de la Junta, Javier Guerrero. Todavía podrían aparecer otros implicados, vinculados o no a la Administración andaluza o al partido socialista. Sea cual sea la dimensión del caso, la justicia debe depurar hasta las últimas responsabilidades. Pero ni el estadio actual de la investigación ni el peso de los dirigentes bajo sospecha legitiman la estrategia que ha adoptado el Partido Popular.

Como fuerza mayoritaria de la oposición en Andalucía, corresponde al PP ejercer el control del Ejecutivo regional. En lugar de ello, ha trasladado el asunto al Congreso para utilizarlo como pantalla frente a los avances judiciales del caso Gürtel. El principal imputado en esta trama no es un cuadro local, sino el presidente de la Generalitat y máximo dirigente del PP en Valencia. Tampoco la cuantía de lo defraudado es comparable, además de que un presunto delito se refiere a enriquecimientos personales y otro se encamina hacia la financiación ilegal del PP.

Al oponer el caso de Andalucía al que les afecta en Valencia, los populares están haciendo, en el fondo, un implícito reconocimiento de culpabilidad. Sobre todo porque, a diferencia de la Junta, han decidido cargar contra la justicia en lugar de comprometerse a colaborar con ella. El mensaje que los populares están transmitiendo es que se sienten cómodos ante un panorama en el que todos los partidos, y no solo el suyo, tengan ilegalidades de las que responder. Es un mensaje peligroso, no solo porque da a entender que la fuerza política que se configura como alternativa es condescendiente con su propia corrupción e implacable con la ajena, sino también porque desprestigia la actividad política.