La corrupción gana

Las elecciones municipales y autonómicas no han castigado a los candidatos con investigaciones judiciales en curso o, incluso, con procesos abiertos por corrupción urbanística. Los ciudadanos han refrendado en sus puestos a la mayoría de los alcaldes y ediles sobre los que pesaban y pesan graves acusaciones de desviar fondos municipales y de enriquecimiento ilícito. Una de las pocas excepciones ha sido Marbella, donde la operación Malaya ha terminado por desalojar de la escena al partido que Jesús Gil creó como instrumento para perpetrar los desafueros que ha padecido la ciudad.

Las razones de este aparente contrasentido hay que buscarlas, en primer término, en el tratamiento que las fuerzas políticas han dado a la corrupción durante la campaña, convirtiéndola en un arma arrojadiza con la que reivindicar la propia virtud en detrimento de la del adversario, sin proponer soluciones a un fenómeno que se ha extendido de manera imparable durante los últimos años. Pero existen, además, otros motivos para explicar lo que, en principio, parecería un comportamiento enigmático por parte de los votantes, al revalidar el mandato a candidatos sobre los que pesan fundadas sospechas de corrupción. La Ley del Suelo de 1998 declaró urbanizable la práctica totalidad del territorio e hizo recaer sobre los ayuntamientos la competencia de transformar las fincas rústicas en urbanas, propiciando una sólida colusión de intereses entre los responsables municipales y los administrados. Las recalificaciones han beneficiado desde entonces a los ayuntamientos, que han podido financiar obras y servicios inabordables desde los exiguos presupuestos municipales, además de contribuir a sostener a los partidos y a sus intermediarios oficiales u oficiosos. Pero también han beneficiado a los particulares propietarios de terreno y, en último extremo, a los habitantes de los municipios con grandes proyectos urbanísticos.

Los colegios electorales no sustituyen a los juzgados y, por esta razón, la victoria en las urnas no podrá nunca equivaler a una implícita absolución de los casos de corrupción en los que puedan estar implicados los candidatos, como ha afirmado, entre otros, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Fabra. Por el contrario, se trata de una inaceptable manipulación del sistema democrático, de un intento espurio de barrer las responsabilidades políticas y penales bajo los votos, que los partidos no deberían amparar. Porque la investigación judicial seguirá su curso con independencia del resultado de las elecciones, y lo único que se habrá conseguido cuando llegue el momento de procesar a los alcaldes y concejales implicados en casos de corrupción será un desprestigio mayor de las instituciones. Además de una abstención más rotunda que la de estas elecciones.