Las cuatro crisis del día después
Me cuenta un amigo notario -palabra de fedatario público- que entre enero de 2010 y enero de 2011 en España se han firmado un 30% de compraventas menos que el año anterior. Pocos datos pueden ejemplificar mejor la atonía, el estancamiento de una economía que no consigue salir de la crisis. Pero el notario añade otra cifra no menos preocupante: en este mismo periodo se han protocolizado un 20% menos de herencias. Dado que la tasa de mortalidad no ha sufrido ninguna alteración sensible, estamos ante una señal inequívoca de empobrecimiento. Este alicaído contexto económico se verá complicado después de las elecciones del 22 de mayo, momento en que emergerán cuatro crisis que se vienen incubando desde hace tiempo.
La crisis económica, el desempleo y la legalización de Bildu invaden la campaña del 22-M
En primer lugar se abrirá una crisis de gobernabilidad. Que la batalla estelar se sitúe en Castilla-La Mancha pone de manifiesto la situación de precariedad en la que se encuentra el PSOE. Si realmente los socialistas estuviesen en fase de recuperación, la lucha se situaría en Madrid o en Valencia, y, sin embargo, todo indica que el PP tiene ahí las hegemonías bien agarradas. Zapatero deberá lidiar el final de legislatura en situación de interinidad, con el respaldo popular muy debilitado y al frente de un partido que pronto tendrá dos cabezas: la saliente y la que aspira a entrar. Al mismo tiempo, el PP se situará a las puertas de una amplia hegemonía en las instituciones, sin haber dado ninguna batalla ideológica para conseguirlo. Será la primera vez que se alcanza la hegemonía por defecto. Lo cual no deja de ser un lastre importante a la hora de tomar decisiones impopulares. Lastre agrandado por la peculiar idea de la responsabilidad que tiene Mariano Rajoy, que hace un año quiso dejar caer al Gobierno, aun a riesgo de meter a España en el pantano de la intervención, y fueron precisamente los nacionalistas de CiU los que tuvieron que enmendar su irresponsabilidad. Tanto Felipe González como José María Aznar llegaron como portadores de proyectos de cambio. Incluso Zapatero llegó con dos banderas: el no a la guerra y un cierto republicanismo. Rajoy, simplemente, intenta no ofender a nadie. Se entiende que Esperanza Aguirre, que ha demostrado que la batalla ideológica es básica para consolidar la hegemonía, se desespere ante el discurso plano de su jefe.
En correlación con esta crisis de gobernabilidad estará la del PSOE, en caída libre desde hace un año, cuando Zapatero renegó de su propia sombra. Después del triunfal arranque del talante dejará su partido con mínimas cuotas de poder, desnortado ideológicamente y plagado de incertidumbres de futuro. En estas circunstancias, el PSOE se apresta a vivir una dura batalla sucesoria, en un momento que requeriría un verdadero Congreso refundacional. Mientras tanto, su hermano el PSC sigue autolesionándose, incapaz de reconocer el marco nacional en el que está ubicado.
El día después se abrirá también una crisis de sostenibilidad del Estado de las autonomías. Aflorarán las desesperadas situaciones económicas de los municipios y de algunas comunidades. Y se evidenciará el problema estructural del Estado español: una elevada descentralización del gasto y un alto grado de centralización de la decisión política. Si, además, el Gobierno practica la deslealtad, negando lo que debe a las autonomías para desplazar parte de su déficit hacia ellas, el sistema es difícil de sostener. Unos pretenderán cerrarlo, otros, abrirlo más, pero cuando se toca la articulación del Estado el ruido está garantizado.
Y se pondrá de manifiesto también la crisis moral que vive este país. Si algo la expresa de modo concluyente es el 43% de paro juvenil: España está a punto de desperdiciar la fuerza intelectual y transformadora de una generación. Pero también algunos comportamientos en la cúspide del poder económico, como el reparto impúdico de suculentos bonos, que son manifiestamente incompatibles con los sacrificios que se exigen a las clases medias y populares. Las elecciones nos brindarán además el obsceno espectáculo de ver cómo los ciudadanos revalidan con sus votos a algunos candidatos con la mochila de la corrupción a cuestas. Espero que en la noche electoral los entusiastas de siempre no digan la socorrida frase de que el pueblo nunca se equivoca. Sin duda, la clase política tiene una alta responsabilidad en esta crisis moral: por mantener a los corruptos en sus puestos y por hacer de la mentira y de las falsas verdades moneda de campaña. Pero esto se acabaría si la ciudadanía castigara a los corruptos negándoles el voto. Y si no lo hace es porque, lamentablemente, está ya muy instalada la idea de que todos se corrompen, todos son iguales.
