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Tribuna:LA CUARTA PÁGINA
Tribuna
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La crisis mundial y nuestra crisis

La economía española necesita una reestructuración. El Gobierno debe adoptar medidas para convertirla en atractiva para las empresas innovadoras: educación, I+D+i, flexibilidad laboral y reactivación del flujo crediticio

Mientras se agudiza la crisis, la España que debería impulsar el cambio mira hacia otro lado, justificándose en que las causas de la crisis son externas y pensando que poco se puede hacer desde dentro. Se equivocan una vez más -como ya se equivocaron durante casi dos años con lo de la "desaceleración"- y la situación es lo suficientemente grave como para empezar a preocuparnos.

No cabe duda de que la crisis financiera originada al otro lado del Atlántico ha adelantado en algo nuestra crisis, pero su impacto no va más allá de esto: adelantar una crisis que hubiera llegado de cualquier manera. Ésta es también nuestra recesión. La cuestión, por tanto, no es qué se puede hacer para suavizar los efectos de la tormenta externa, sino qué se debe hacer para gestionar la reestructuración de la economía española desde dentro, cómo se pueden crear las condiciones para generar otro largo periodo de crecimiento económico.

El objetivo debe ser el apoyo a los que asumen riesgos y no la protección de los que se equivocaron
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Señor Solbes, ¿qué sentido tiene ahorrar en la bonanza si no es para gastar en la adversidad?

Nadie sabe con certeza cuáles serán los nuevos sectores dinámicos de la economía española. Por este motivo, no es una buena idea conceder subsidios gubernamentales para éste o aquel sector por su supuesta "relevancia estratégica". La relevancia estratégica la determinan las fuerzas que rigen los mercados mundiales y los expertos la descubren siempre con posterioridad. Además, no hay duda de que constructoras y promotoras no son sectores estratégicos y tampoco lo serán durante bastante tiempo. Dejemos, por tanto, que quiebren las promotoras fallidas sin desperdiciar recursos públicos en ésta u otra empresa. Entonces, ¿los trabajadores perderán sus empleos y los bancos sus préstamos? La respuesta es afirmativa. Pero existen formas mejores de afrontar estos problemas que ofrecer subsidios a las compañías fallidas. ¿Por qué el Gobierno ha de reparar las pérdidas surgidas por una mala inversión empresarial? Cuanto antes quiebren las promotoras fallidas tanto antes volverá a hacerse líquido el mercado de las casas.

Pero los problemas verdaderos ya no están en el sector de la construcción residencial, que seguirá despidiendo trabajadores varios meses más, sino dónde podrán encontrar un empleo estable y productivo estos trabajadores excedentarios. El crecimiento industrial de China, India, Brasil, y otras economías emergentes -además de haber sido, junto a la política monetaria demasiado expansiva, la causa fundamental de la crisis- continuará siendo el fenómeno dominante en la escena económica mundial en las próximas décadas. Si este es el caso, nos enfrentamos con el problema siguiente: dado que esos países pueden producir muchos bienes con unos costes menores que nosotros, y lo harán en cuanto se les presente la oportunidad, tenemos que aprender a producir los bienes que estos países todavía no saben producir.

Es decir, ¿cómo convertimos a España en un país atractivo para empresas innovadoras, de nueva tecnología y, por ende, con alta movilidad internacional? Estas empresas buscan países donde el trabajo sea de alta calidad, los servicios eficientes, la carga fiscal sobre la renta de sus trabajadores moderada. No hay otras soluciones que más y mejor educación de la fuerza laboral, mayor nivel de I+D+i y mucha más flexibilidad en el mercado laboral, que incentiven la inversión y faciliten el cambio tecnológico que nuestro tejido productivo necesita.

En concreto, más allá de triplicar el gasto en I+D+i, estos objetivos requieren ir con verdadera determinación hacia: a) una drástica e inmediata reforma para que las universidades compitan y se recompense y reconozca a las mejores; b) una reducción del tipo marginal del impuesto sobre la renta para los empleos de alta productividad; c) una rebaja sustancial en la tributación de las ganancias de capital que provengan de nuevas inversiones productivas, y d) la reanudación del proceso de liberalización, largo tiempo parado, desde la comunicación hasta los servicios profesionales, la distribución, la energía y los transportes. Desde hace más de 10 años se habla de estas reformas sin que ningún Gobierno se haya atrevido a empujarlas de forma definitiva, todos aparentemente satisfechos de que "todo iba bien". Pero el actual Gobierno, por poco que le guste, ya no tiene alternativas: o bien pone en marcha drásticas reformas, o bien le espera el fracaso.

Ahora bien, estas medidas, por absolutamente urgentes y necesarias que sean, no son suficientes, ya que no resuelven tres problemas fundamentales a los cuales nos tenemos que enfrentar en el más inmediato presente: 1.- ¿qué hacer para que el crédito vuelva a llegar a la inversión?; 2.- ¿qué hacer con las empresas que quiebran?, y 3.- ¿cómo facilitar la contratación de desempleados por parte de las nuevas empresas?

Para empezar, es necesario reactivar el flujo crediticio. Un mayor protagonismo del ICO y de otras entidades públicas es útil, pero no es, en absoluto, suficiente. Hace falta que se "desahogue" y vuelva a funcionar el sector financiero, componente importante que parece estar en paro voluntario. ¿Es posible, entonces, facilitar rápidamente la entrada de otras instituciones financieras en el mercado nacional? Yo creo que sí, siempre y cuando el Gobierno y el Banco de España quieran hacerlo.

No todos los bancos del mundo están parados, y varios van buscando oportunidades para invertir. Además, ante la probable reestructuración del sistema financiero español, y para evitar una excesiva concentración, hace falta que más bancos entren en el mercado nacional, aunque sea a costa de comprar bancos y cajas españoles que se encuentren en situación de debilidad estructural. Por esta razón, es bueno acabar con los subsidios, implícitos o explícitos, para los bancos y cajas con problemas, que, es evidente, no son todos.

La política apropiada no es regañar a los bancos porque no hacen lo que el Gobierno desea. Es bueno que los bancos piensen en sus negocios, en tener beneficios, mientras que el Gobierno y el Banco de España se dedican a favorecer la máxima elasticidad de oferta en el sector financiero y la seguridad de los depositantes. A cada uno su trabajo, y que nunca se acabe la paciencia de nadie.

Asimismo, las empresas que quiebran despedirán a los trabajadores y éstos tendrán que buscar un nuevo empleo. Esto implica que, al mismo tiempo que se facilite el ajuste laboral, el dinero público debe gastarse en ofrecer a estos trabajadores una ampliación de su seguro de desempleo, una buena política de formación y fuertes incentivos para que encuentren un nuevo trabajo cuanto antes. La investigación sobre este tema no es sólo muy extensa, sino que también es clara y efectiva: todo lo que nuestros políticos tienen que hacer es consultar con algunos de los expertos mundiales que tienen la ventaja de ser españoles o hispano parlantes.

En cualquier caso, se debería introducir un programa que permita fuertes reducciones de la carga fiscal sobre el salario para aquellos trabajadores despedidos que encuentren un nuevo empleo. O, alternativamente, introducir la posibilidad de convertir las prestaciones por desempleo en bonificaciones para el empleo para aquellos que encuentren trabajo antes de que las prestaciones se acaben.

Puesto en forma de eslogan, el objetivo de las políticas económicas debe ser la fluidez y no la rigidez, el cambio y no la conservación, el apoyo a los que corren riesgos y no la protección a los que se equivocaron. Para hacer nuevas tortillas, hay que romper unos cuantos huevos.

Éste -pero en conjunto y no en pequeñas y tímidas piezas- es el paquete económico que el Gobierno de España puede -y debe- introducir ya. El hecho de que, dos años después del inicio de nuestra crisis, no se haya tomado todavía ningún tipo de medida drástica como las apuntadas aquí es un grave error de política económica.

¿Alcanzará el déficit público niveles del 7-8% del PIB, o más, durante un par de años como consecuencia de estas medidas? Seguramente sí. ¿Pero para qué tener una ratio inferior al 40%, de deuda pública respecto al PIB, si no es para permitir que se suba hasta el 60% en circunstancias como las actuales? Ésta es una cuestión seria. ¿Qué sentido tiene, estimado señor Solbes, ahorrar tanto en los tiempos de bonanza si no es para gastarlo en los tiempos de adversidad? Estas medidas se deberían haber tomado hace dos años pero no se hizo. Aunque nunca es demasiado tarde o, al menos, eso es lo que esperamos todos.

Michele Boldrin es catedrático de la Washington University en St. Louis y director de la Cátedra Repsol en FEDEA.

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