En defensa de la Ley de Costas

No pocos ciudadanos asistimos perplejos a la reciente campaña que pretende dejar sin virtualidad el espíritu de la Ley de Costas de 1988, en aras a la protección de los chiringuitos de playa que, al parecer, se han constituido de repente (y con elecciones a la vuelta de la esquina) en elementos consustanciales a nuestra identidad nacional.

La Ley 22/1988 (y posteriormente el Tribunal Constitucional) viene a decir que el deslinde del dominio público marítimo terrestre tiene carácter declarativo y no constitutivo, al entenderse de todos lo que siempre fue de todos y nunca debió pasar a manos particulares (nuestro litoral).

Los problemas están apareciendo ahora porque, tras más de 20 años de vigencia de la norma, la pereza administrativa del Estado ha propiciado que todavía se estén deslindando las distintas servidumbres que la misma prevé. Los lectores han de saber que el régimen transitorio de la ley es, cuanto menos, generoso: ante la colisión de derechos se prevén concesiones administrativas para los ocupantes del espacio público de 30 años, prorrogables incluso por otros 30. Por tanto, todos tranquilos, los chiringuitos no desaparecerán al menos hasta el año 2070. ¿No habíamos desterrado de nuestra cultura política la vieja máxima de que lo que era de todos podía ser disfrutado o rentabilizado por unos pocos?

¿No se estarán escudando algunos políticos en los chiringuitos para que algunas atrocidades urbanísticas pasen a estar dentro de la legalidad y así eludir responsabilidades y continuar haciendo negocio? Atentos.