El déficit eterno

El Gobierno ha iniciado los trámites para subir la tarifa de la electricidad a partir del mes de julio, de forma que el recibo de la luz para casi 25 millones de hogares se encarecerá en torno al 4%. La subida de la electricidad (si se confirma, una de las más elevadas de los últimos 15 años) tiene una interpretación política inevitablemente conflictiva. Llega en un momento de pérdida generalizada de rentas en la población española, coincidirá además con una subida del IVA que una parte de los partidos políticos rechazan (sin demasiada lógica, por cierto) y tendrá efectos sobre el coste final de la producción española, aunque la electricidad para las empresas no aumente tanto como la doméstica. Es un recorte más en la renta familiar (el recibo de la luz ha subido más del 25% desde 2008) y se utilizará como un motivo añadido para criticar la escasa sensibilidad social del Ejecutivo.

Sin embargo, en términos económicos, la subida de la electricidad está plenamente justificada, en aplicación del principio básico de que todos los bienes y servicios deben ser pagados en función de su precio en el mercado. El precio de la electricidad empezó a convertirse en un grave problema para la economía española (otro más) cuando durante casi una década los Gobiernos del PP se negaron a arrostrar el coste político de repercutir el aumento de costes de producción en la tarifa eléctrica y adoptaron el truco de embalsar dichos costes convirtiéndolos en un déficit de tarifa para pagar en el futuro. El futuro ya está aquí y hay que pagar o financiar una deuda embalsada (con la que está cayendo en los mercados) que sigue creciendo año tras año. En 2009 el déficit de tarifa aumentó en más de 4.600 millones.

Los Gobiernos de Rodríguez Zapatero no han sido capaces de resolver con rapidez el problema del déficit de tarifa. Es más, en ciertos aspectos lo han empeorado. Han recargado las tarifas eléctricas con auténticos disparates (la financiación del carbón nacional que no se quema en las centrales eléctricas) y los costes de primas y subvenciones de algunas energías renovables de nula o escasa utilidad para la producción y distribución de electricidad. Las primas a las energías fotovoltaica y termosolar deberían ser reducidas al mínimo, porque hasta el momento no se han alcanzado los desarrollos tecnológicos esperados y tan solo están alimentando con dinero público una burbuja en el mercado energético.

La subida de la luz se explica por razones económicas y así hay que aceptarla; pero, en justa contrapartida, hay que ofrecer a los consumidores expectativas de calidad en el suministro, un mercado eléctrico razonable que repercuta los costes y en el que los consumidores sepan qué es lo que están pagando y la minoración de los extracostes políticos que gravan el recibo de la luz y que convierten la tarifa eléctrica en insostenible a medio plazo. El mercado eléctrico necesita de borrón, cuenta nueva y un nuevo sistema de cálculo de fijación de tarifas. Y lo necesita ya.