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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El delito de inmigrar

Berlusconi reforma la Ley de Seguridad y abre la puerta a la discriminación y la xenofobia

El Gobierno italiano ha dado otra vuelta de tuerca a su política de inmigración. La reforma de la Ley de Seguridad aprobada la pasada semana por el Parlamento de Roma no sólo ha endurecido las disposiciones relativas a los extranjeros en situación irregular. En esta ocasión, Berlusconi ha ido más lejos; tan lejos que podría haber abandonado el cada vez más deteriorado espacio del Estado de derecho italiano y estar adentrándose en el territorio de la discriminación y la xenofobia. Si ya resultaba discutible que el instrumento jurídico adecuado para tratar el fenómeno de la inmigración fuese una Ley de Seguridad, su conversión en delito sienta las bases de una sociedad en la que el pleno reconocimiento de los derechos básicos será privilegio de unos pocos.

Las diversas modificaciones aprobadas por el Parlamento a instancias del Gobierno de Berlusconi parecen declarar un estado de excepción encubierto para hacer frente a la presencia de extranjeros en situación irregular. No cabe entender de otra manera el que, tras la reforma, la Ley de Seguridad legalice las patrullas ciudadanas para denunciar "situaciones de peligro" en las que se vean involucrados inmigrantes. En un país donde las mafias son capaces de desafiar al Estado, los riesgos de delegar el legítimo monopolio de la fuerza en simples voluntarios podría convertirse en el germen de contrapoderes incompatibles con el sistema democrático. Y ésta es una sombra que planea, sin duda, sobre la cabeza de los inmigrantes, pero que también podría proyectarse sobre la de los italianos.

No hace tanto, la Unión Europea aprobaba una discutida Directiva del Retorno argumentando que establecía unas garantías mínimas que todo país miembro estaba obligado a cumplir. Si la política de inmigración de Berlusconi está dentro de la directiva, sería la prueba de que la norma no aseguraba un umbral de derechos para los extranjeros, sino que ampliaba el límite de los atropellos permitidos contra ellos. Y si resulta incompatible, la Unión no debería demorar una reacción inequívoca frente a Berlusconi. Pero en vista del punto al que se está llegando en algunos países de la UE, parece más remota la probabilidad de que se actúe contra Berlusconi como se hizo con Haider, que la de que los Veintisiete se dejen arrastrar por la pendiente del populismo y consideren al primer ministro italiano como un adelantado.

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