La derrota de ETA
La terca resistencia del Partido Popular a conceder el apoyo que el Gobierno le solicitaba para la política antiterrorista pareció reblandecerse en el último debate del estado de la nación. Sin acertar con la moderación del lenguaje que cabía esperar, Mariano Rajoy ofreció al presidente Rodríguez Zapatero apoyar la lucha del Gobierno contra el terror a condición de que su objetivo fuese la derrota de los terroristas. La oferta contenía manifiestamente los ingredientes propios de un ardid, pues no cabe imaginar unos gestores y agentes de la lucha contra el terror -Gobiernos y fuerzas de seguridad- que se propongan un objetivo distinto que la derrota de los terroristas. Junto a esto, la oferta de Rajoy invitaba implícitamente a recapitular lo que ya se ha conseguido y lo que falta por conseguir en la realización del objetivo de la derrota de ETA, recapitulación en la que, sin duda alguna, el acontecimiento más significativo es el cambio espectacular que ha experimentado la situación política y social de ETA en el País Vasco desde las elecciones de 2004.
El País Vasco es el espacio político y social donde nació ETA, y del que sacó su fortaleza, y ése es el espacio en el que hoy está presente una clara decisión de consumar su derrota. Los políticos y analistas que siguen enfrascados en debatir el sexo del fenecido proceso de paz están volviendo la espalda a un acontecimiento decisivo para que pueda considerarse que ha quedado abierto un proceso muy distinto: el de la liquidación final de la organización terrorista, que sería deseable que pudiera concluir con los menores estropicios posibles para unos y para otros, un objetivo que exige la máxima cooperación de todos.
La profunda diferencia entre la estrategia política del PNV y la actitud del Gobierno vasco respecto de la violencia en 1998 y las que predominan desde 2005 es el factor que ha determinado el cambio radical en la situación de ETA en el País Vasco, cosa nada sorprendente dado el peso específico que el PNV tiene en su marco político e institucional.
Con Aznar al frente del Gobierno, la estrategia de "la acumulación de fuerzas" nacionalistas para la confrontación política con el Estado propugnada por ETA alcanzó su momento culminante en septiembre de 1998. El PNV de Arzalluz se sumó entonces a esta estrategia encabezando la firma del Pacto de Lizarra, junto con otros seis partidos o coaliciones, siete sindicatos y nueve organismos diversos. El pacto contemplaba un proceso de negociación en "condiciones de ausencia permanente de todas las expresiones de violencia del conflicto", definiendo sin ambages una equiparación de las violencias legítimas e ilegítimas que el Gobierno de Aznar no consideró como un obstáculo que le impidiera explorar las posibilidades de la negociación con ETA durante el alto el fuego unilateral que esta organización declaró cuatro días después de la firma del pacto.
En octubre de 2005, el documento sobre pacificación y normalización política, aprobado unánimemente por el EBB y refrendado por la Asamblea del PNV, definió una nueva estrategia -la del acuerdo entre todas las fuerzas políticas vascas, nacionalistas y no nacionalistas, sin exclusiones- que situó al partido en los antípodas de la estrategia de acumulación de fuerzas que condujo al pacto de Lizarra. La nueva estrategia, coherente con los compromisos políticos del acuerdo de Gobierno de coalición suscrito en junio de ese mismo año por PNV, EA y EB, ha sido glosada por el presidente del EBB, Josu Jon Imaz, en un importante artículo reproducido por EL PAÍS (16-07-2007). En este artículo, Imaz destaca que la nueva estrategia hace posible una reforma política respaldada en el País Vasco por mayorías superiores a las que obtuvo el Estatuto de Gernika y hace posible llegar a un acuerdo con el Estado para que los partidos implicados en el pacto lo acepten íntegramente en la tramitación en Cortes Generales, después de la cual seguiría el referéndum de ratificación por la ciudadanía vasca. Para Imaz, la vigente línea política del PNV, que engarza con su mejor tradición pactista, se resume en "no imponer-no impedir", una formulación que supone limitaciones a unos y a otros de los partícipes en el consenso "que evidentemente sólo podrá ser llevado a cabo entre aquellos que tenemos un firme compromiso en la defensa de la
vida humana y rechazamos la violencia como forma de alcanzar fines políticos".
Yerran, a mi entender, quienes creen descubrir una contradicción flagrante entre el presidente del EBB y el lehendakari Ibarretxe acerca de las condiciones que tienen que darse para la convocatoria de una consulta a la ciudadanía vasca. Dos días después de publicado el artículo de Imaz, El Diario Vasco (17-07-2007) informaba de que fuentes de la presidencia del Gobierno vasco destacaron la coherencia entre la opinión expresada por Imaz y los compromisos políticos que forman parte del acuerdo de gobierno tripartito de junio de 2005, ya que ambos comparten la exigencia de dos requisitos, que hoy no se dan, para la celebración de una consulta popular: la existencia de un acuerdo político previo entre todas las fuerzas políticas vascas sin exclusiones y un escenario de ausencia de violencia. Para confirmar esta información basta remitirse al texto de la declaración institucional del Consejo Político del Gobierno vasco del pasado 7 de junio, que siguió al comunicado de ETA anunciando formalmente el fin de la tregua y a intervenciones públicas del lehendakari que apuestan por el diálogo político sin exclusiones, proclaman el final del ciclo de la violencia de ETA y exigen a ésta su disolución para no entorpecer las iniciativas políticas del Gobierno vasco.
Cosa distinta es que, con motivo de la apertura del proceso de elaboración de la nueva ponencia política que la Asamblea del PNV tiene que aprobar a principios de diciembre, el sector soberanista del partido coquetee con la idea de regresar a la estrategia de la acumulación de fuerzas nacionalistas proponiendo la convocatoria de una consulta popular como mecanismo de confrontación política con el Estado. La idea ha obtenido el apoyo de los dos socios del PNV en el Gobierno vasco y unas recientes declaraciones de Ibarretxe lo suficientemente ambiguas para dar a entender que la cuestión está abierta. Sin embargo, el lehendakari sabe que, subsistiendo la violencia de ETA, la convocatoria de la consulta violaría los compromisos del Gobierno tripartito de junio de 2005 y la línea política aprobada por el PNV en octubre del mismo año, aparte de quebrantar su promesa personal de devolver al unísono "la paz y la palabra" al pueblo vasco, sin que además una consulta realizada en esas condiciones disminuya ni un ápice el déficit democrático que, contenidos aparte, descalificó la elaboración y aprobación de su plan de reforma política.
La incógnita es si la nueva ponencia política que la Asamblea del PNV aprobará en diciembre se inclinará por el regreso a la estrategia de acumulación de fuerzas y confrontación política de 1998, lo que abriría el camino a la revisión de los compromisos políticos del Gobierno vasco. La probabilidad de que ello suceda parece menor, porque las estrategias de confrontación promovidas por ETA han perdido su encanto en el País Vasco. Como puede leerse en el acuerdo de gobierno de junio de 2005, "en la actualidad, la inmensa mayoría de la sociedad vasca rechaza la violencia y el terrorismo como instrumentos de acción política", una inmensa mayoría que, según las encuestas, incluye amplios segmentos de la izquierda abertzale.
La modificación espectacular de la situación política y social de ETA en el País Vasco, producida entre 1998 y 2005, certifica la derrota de ETA sin que su final ineluctable pueda modificarse por el regreso a las estrategias de acumulación de más muertos sobre la mesa y de más presos en las cárceles ya rebosantes de estas otras víctimas de la locura etarra.
En la nueva etapa es más necesario que nunca persistir en la política del presidente Rodríguez Zapatero, que ha sabido combinar con inteligencia y con eficacia la lucha policial la acción de la justicia y la cooperación internacional con la flexibilidad necesaria para respetar las iniciativas políticas del nacionalismo vasco, sin perjuicio de utilizar con rigor los mecanismos constitucionales cuando proceda desactivarlas, como sucedió con la tramitación en el Congreso del plan Ibarretxe llevada adelante contra todos los anatemas proclamados por el PP.
Josep Lluís Sureda fue asesor del presidente Tarradellas en la negociación del restablecimiento preconstitucional de la Generalitat de Cataluña (junio-septiembre de 1977).
