La desfachatez

La composición del nuevo Consejo del Poder Judicial muestra que PSOE y PP, en contra de sus promesas y proclamas, siguen valorando la afinidad política de los candidatos por encima de su solvencia profesional. Y que sigue vigente la lógica de otorgar manos libres al otro partido a cambio de tenerlas también para designar a los propios. No es ése el diseño constitucional, que exige mayorías cualificadas en los nombramientos para favorecer el acuerdo en torno a cada candidato. Pero es evidente que se prefieren las cuotas.

Es lamentable que tras casi dos años de interinidad del Consejo Judicial saliente, en los que el deterioro de la institución ha alcanzado las más altas cimas, lo único que acordaran los máximos líderes del PP y del PSOE en su reunión de julio fuera el número de vocales que cada uno de ellos propondría, sin siquiera intentar la eventualidad de un acuerdo sobre los nombres. Es decir, renunciando a la regeneración de la independencia judicial, como hubiera sido el caso si se hubieran presentado unos candidatos menos marcados políticamente.

Escandaliza el fuerte perfil partidista de los ocho vocales correspondientes al cupo de juristas "de reconocido prestigio" a que se refiere la Constitución, en algunos casos, miembros destacados de los partidos que los proponen, cuando no ex altos cargos de Gobiernos del PSOE o del PP. Los dos de CiU y PNV son directamente ex diputados. También es llamativa la estricta militancia asociativa de los 12 vocales elegidos de "entre jueces y magistrados". A pesar de que figuraban profesionales independientes avalados por sus compañeros en las listas remitidas a las Cámaras, y a que casi la mitad de los jueces no están afiliados, todos los elegidos son miembros de alguna de esas asociaciones. Y es una novedad que en la cuota del PSOE figure un miembro de la Asociación Francisco de Vitoria, que se define como centrista; los 9 elegidos por el PP son de la conservadora APM.

Este sistema de presentación de listas de candidatos por las asociaciones para que los grupos políticos elijan de entre ellos, que se creyó podría despolitizar la elección, sólo ha servido para acentuar la dependencia partidista, dada la identificación estricta entre las asociaciones y sus partidos de referencia. Y escandaliza el diluido perfil jurídico de la mayoría de los elegidos; en algún caso, ese perfil profesional es tan tenue, que parece que la elección no sólo ha sido inspirada por la esperanza de una futura fidelidad a las directrices políticas, sino que es el pago por servicios prestados en el pasado.

El nuevo Consejo responde a la relación de fuerzas existente en el actual Parlamento, como el anterior se constituyó en 2001 a imagen de la mayoría absoluta del PP. Los partidos han hecho caso omiso de la advertencia del Constitucional de que la elección parlamentaria de los 20 vocales del Consejo sólo es acorde con la Constitución si se aleja de "la lógica del Estado de partidos" y tiene en cuenta criterios distintos de los de la estricta relación de fuerzas en el Parlamento.

La "lógica del Estado de partidos" llevó a que el anterior Consejo haya estado durante casi siete años dominado por una compacta mayoría conservadora, sistemáticamente alineada primero con las opciones de política judicial del PP, y convertida a partir de marzo de 2004 en punta de lanza en el ámbito judicial de este partido en su estrategia de oposición al Gobierno de Zapatero. La nueva composición, no más independiente pero sí más equilibrada (nueve a propuesta del PSOE, otros tantos del PP y dos de los nacionalistas), tal vez facilite, de todas formas, la búsqueda de mayorías transversales en torno a asuntos concretos, rompiendo los férreos alineamientos anteriores y aminorando, retroactivamente, la desfachatez del pacto original. En las manos de cada uno de ellos está actuar de forma independiente al margen del sistema de designación.