Con el dinero de todos

Hace más de 10 años que el PP, en pleno aznarismo y con el exclusivo apoyo de los comunistas, dio a luz una ley en las Cortes que establecía las retransmisiones de la Liga como de interés general y obligaba a la emisión en abierto de un partido cada semana. Desde entonces, las guerras en torno al fútbol televisado han sido frecuentes, y constante la involucración en ellas de los diversos Gobiernos autónomos y del Gobierno central, independientemente de quiénes sean sus titulares y del color del partido político de turno.

El clientelismo electoral, cuando no el trato de favor a los amigos de los poderosos, ha sido la norma que socialistas y populares han seguido preferentemente en estos casos. La ley, que no sirvió para resolver los problemas financieros del deporte rey, y contra la que se pronunció el PSOE en su día, sigue vigente al amparo del actual Gobierno. El viernes, un nuevo episodio protagonizado por las televisiones públicas de este país, la del Estado y las autonómicas (clones de TVE en gastar sin mesura, como muestra el reportaje que hoy publica este periódico), ha servido para poner de relieve una vez más la vulnerabilidad de la actual estructura del sistema audiovisual público, sustentado por los impuestos del ciudadano.

La puja al alza de TVE y la FORTA por los derechos de la Champions League es un nuevo símbolo del despilfarro y la competencia desleal a que nos tienen acostumbrados estos organismos. La única realidad es que en plena crisis económica y cuando todavía se discute sobre la nueva financiación autonómica y la sostenibilidad de la protección social de los ciudadanos, las televisiones públicas, con TVE al frente, se dedican a competir con las privadas mediante ayudas del Estado.

Lo hacen no sólo encareciendo el mercado de derechos de todo tipo, sino abaratando también las tarifas publicitarias, con prácticas muy parecidas al dumping, en perjuicio siempre de los operadores privados. El hecho de que en el caso de la Champions la operación se haya llevado a cabo nuevamente en combinación con los dueños de la cadena de los amigos de La Moncloa, que se han hecho con los derechos de pago cuando no gestionan ninguna operación de este género, arroja mayores preocupaciones sobre el tema. Máxime si se tiene en cuenta que responsables de ese grupo hacen frente en la actualidad a varias querellas por piratería, precisamente por su manejo en el tema de los derechos televisivos del fútbol. La normativa vigente de la Televisión Digital Terrestre (TDT) prohíbe expresamente la televisión de pago a través del sistema, y estaría bien que Mediapro explique a la opinión pública por dónde va a emitir los partidos de la Champions que ha adquirido, o si jugará sólo un papel de intermediario que no haría sino inflar nuevamente de manera artificial -y con la complicidad de las televisiones públicas- el precio de los derechos.

Repetidas veces hemos defendido la necesidad de mantener un modelo de televisión pública, estatal y autonómica, que sirva a los intereses comunes y juegue un papel institucional. Nada de eso existe. A cambio hemos padecido la manipulación informativa, a derecha e izquierda, y ahora vemos a todos los subvencionados del Estado aliarse en espuria competencia contra la libre iniciativa. El presidente del Ente Público, Luis Fernández, ha dicho que ésta es una operación rentable. Su palabra no es suficiente. Fernández no está al frente de una empresa privada, aunque él no parezca consciente de ello: los contribuyentes españoles tienen derecho a una información puntual sobre el coste de esta inversión multimillonaria y los gastos y comisiones de intermediación que se hayan generado. En plena amenaza de recesión económica y cuando se regatean los dineros para la sanidad y la escuela pública, se trata de un obligado ejercicio de transparencia.