Un fallo esclarecedor

El Tribunal Supremo ha dictado sentencia por la que considera que las organizaciones juveniles del entorno abertzale Jarrai, Haika y Segi no son simples asociaciones ilícitas, según estableció la Audiencia Nacional en 2005, sino grupos terroristas. El Alto Tribunal aumenta a seis años de cárcel las condenas de entre dos años y medio y tres años y medio impuestas en primera instancia. La Audiencia Nacional ha ordenado detener a los 23 encausados.

La decisión del Supremo, que estrecha y endurece el cerco al entorno de ETA coincidiendo con el regreso de la violencia terrorista, confirma por primera vez que el conglomerado de la banda se despliega en diversos frentes interrelacionados. La posición doctrinal mantenida por la mayoría de la Sala de lo Penal (tres votos a favor por dos en contra) implica que el sobreprecio de castigo aplicado a los actos terroristas recaerá no sólo a los que empuñan pistolas o colocan bombas, sino a quienes participan en actos de vandalismo callejero. Los jueces parecen indicar que el terrorismo es un fenómeno complejo que se define por más cosas que la sola utilización de las armas en un sentido estricto.

La sentencia se produjo al día siguiente de una reunión entre el presidente Zapatero y el lehendakari Ibarretxe. El encuentro hay que interpretarlo como un gesto de normalidad institucional tras el fin de la tregua de ETA y, por esta razón, carece de sentido el intento de descalificarlo y, menos aún, el de contraponerlo a la sentencia del Supremo, como ha hecho el PP. Al igual que en los días posteriores a la declaración del alto el fuego, los responsables del Ejecutivo central y autonómico estaban obligados a intercambiar informaciones y análisis tras el atentado de Barajas, incluso conociendo la distancia entre sus respectivas posiciones.

Pero precisamente porque tenía que tratarse de una reunión normal entre responsables institucionales, no se entiende que Zapatero quisiera colocar la reunión bajo el signo de la discreción, algo que sólo sirve para acrecentar la desconfianza. En estos momentos de ruptura del consenso antiterrorista es preciso no dar la impresión de que se actúa a espaldas de nadie, y menos aún contra nadie, por más que el PP parezca irresponsablemente lanzado a perpetuar la crispación valiéndose de la lucha contra el terror. No parece en ese sentido muy afortunado el pacto del PSOE con los demás grupos políticos para dificultar la discusión de las cinco propuestas no de ley que los populares quieren presentar en el Congreso.

Las tímidas objeciones de la dirección de Batasuna al atentado de Barajas no deberían ser suficientes para que renazcan optimismos inveterados: su potencial más importante no es, por el momento, el de anticipar una escisión entre los terroristas y su entorno, sino el de ahondar la división entre los demócratas, ya demasiado profunda. La ausencia del Partido Comunista de las Tierras Vascas en el Parlamento de Vitoria, evitando así pronunciarse sobre la condena a ETA que se debatió ayer, demuestra los límites a los que se enfrenta el entorno político de los violentos.