Las farmacias de Castilla-La Mancha
El seguimiento informativo de lo que ocurre con las farmacias de Castilla-La Mancha está poniendo de manifiesto una especie de estrategia que, por lo que se deduce de las últimas noticias, ha devenido en una suerte de chantaje que va más allá de una simple amenaza a los farmacéuticos de la región.
Después de haber dejado claro que el nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha considera que los farmacéuticos son súbditos suyos y que, por tanto, deben soportar impasiblemente el impago de lo que les adeuda, se ha dado un paso más al anunciar que o se someten o se cambian las reglas del juego, lo que significa que se liberalizaría el modelo de establecimiento. Este último anuncio no deja de ser una especie de espada de Damocles que, desde hace años, pende sobre las farmacias y que, de adoptarse, comportaría no solo una modificación en nuestro sistema de oficinas de farmacia sino algo más profundo, una clara apuesta por un cambio en el Sistema Nacional de Salud, pues el modelo capilar de farmacias se imbrica en el sistema público para que todos los ciudadanos, en especial los habitantes de zonas rurales, puedan tener acceso en condiciones de igualdad a la prestación farmacéutica.
A la vista de lo que está ocurriendo, cabe preguntarse si el Gobierno castellano-manchego no está provocando la situación actual con la finalidad de propiciar una liberalización no solo de la farmacia sino del propio Sistema Nacional de Salud. Y es que cabe pensar que nadie que pretenda hacer negocio va a poner una farmacia en un pueblo de 200 habitantes. Como tampoco cabe pensar que quienes pongan las nuevas farmacias van a dar gratis los medicamentos a los beneficiarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).
