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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El fin de la infamia

El Partido Popular debe una explicación a la sociedad española. Especialmente, a las víctimas

La sentencia de la Audiencia Nacional sobre el 11-M no ha podido ser más clara y contundente: de conspiración nada, de ETA ni rastro. Uno a uno, desmonta todos los infundios lanzados durante más de tres años, en un feroz desafío a las instituciones democráticas y al funcionamiento del sistema constitucional. También responde a la necesidad de reparación del daño infligido a las víctimas y significa una victoria del Estado de derecho frente al terrorismo, en una época en que abundan las respuestas desproporcionadas y peligrosas para las libertades.

Cada uno queda en su sitio: en primer lugar, aquellos medios de comunicación que han intentado hacer una instrucción paralela en un uso espurio del derecho a la información, para intoxicar el debate político; pero en segundo lugar, también y sobre todo, el Partido Popular, que se ha prestado a servir de simple recadero de la prensa sensacionalista y de la radio de los obispos en el seno de las instituciones representativas.

Unos y otros deben una explicación a la sociedad española y especialmente a las víctimas. Pero, además, el PP, como partido que ha sido de Gobierno y ahora principal partido de la oposición, está obligado a asumir responsabilidades políticas específicas por la conducta mantenida durante estos tres años, en los que ha venido avalando con centenares de iniciativas parlamentarias y de declaraciones cualquier infundio que pudiera dañar a la instrucción y al proceso.

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Ahora parece decidido a añadir falsedad a la falsedad e ignominia a la ignominia, tratando de negar lo que está registrado en las actas parlamentarias y consta en los archivos y hemerotecas. No cabe ni siquiera trasladar el problema a los líderes subalternos aunque correosos que han mantenido viva la llama de esta farsa: hay que recordar que fue Mariano Rajoy, el propio presidente del partido y candidato a la presidencia del Gobierno, quien defendió la eventualidad de anular toda la investigación y todo el sumario después de que el medio de comunicación de servicio lanzara el bulo de la mochila de Vallecas.

El mecanismo del bulo

Tras la sentencia, ninguna duda debería quedar respecto de que lo sucedido el 11-M en Madrid es obra exclusiva del terrorismo yihadista. Ha quedado meridianamente claro quiénes fueron los autores de la masacre, la procedencia y la clase de explosivos que utilizaron y el modo en que se financiaron. El tribunal ha descrito con claridad cómo han operado los intoxicadores y propagadores del culebrón, los aprendices de brujo que han querido jugar a jueces, policías y periodistas, todo revuelto: "Como en muchas otras ocasiones de este proceso", señala la sentencia, "se aísla un dato, se descontextualiza y se pretende dar la falsa impresión de que cualquier conclusión pende exclusivamente de él, obviando así la obligación de la valoración conjunta de los datos -prueba- que permita, mediante el razonamiento, llegar a una conclusión según las reglas de la lógica y la experiencia".

Una fabricación especial que fue ayer el clavo ardiente al que se agarró Mariano Rajoy ha sido la fórmula periodística de la "autoría intelectual", sin significado alguno en el ámbito del Derecho Penal, con el doble propósito de sembrar dudas sobre la instrucción procesal y, llegado el caso, tratar de salvar la cara frente a una sentencia que, como la que se acaba de dictar, les deja en evidencia. Los terroristas son asesinos, pero la condición de asesinos no significa que no dispongan de intelecto para cometer como sea sus atrocidades.

Son sobre todo las víctimas -las 191 fallecidas en los atentados, las más de 1.800 heridas de diversa consideración y sus familias- a las que la sentencia trata de hacer justicia, dándoles lo que está en su mano: una reparación jurídica, moral y económica que alivie su dolor. La condena de los culpables probados de su tragedia es una victoria especialmente de ellas -y no sólo del Estado de derecho y de la sociedad-, tanto más destacable por cuanto han sido preteridas, relegadas y consideradas poco menos que de segundo orden respecto de las de ETA por los sectores políticos y los medios de comunicación empeñados en sostener el culebrón sensacionalista.

Ayer mismo, el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo puso bien de manifiesto la consideración que le merecen las víctimas del 11-M: ninguna. En caso contrario no se hubiera declarado decepcionado por una sentencia que condena a los terroristas del 11-M, con independencia de que, como ha señalado la asociación mayoritaria, dirigida por Pilar Manjón, exista la posibilidad de recurrirla.

Justicia eficaz

La sentencia hace un reconocimiento expreso del buen hacer profesional del juez instructor Juan del Olmo, atacado hasta la náusea por los partidarios de la infamia sensacionalista, y deshace todas las fabulaciones sobre las principales pruebas de la investigación judicial, desde la furgoneta Renault Kangoo, la mochila de Vallecas y el suicidio de los siete terroristas en Leganés hasta los explosivos utilizados en la masacre, que los jueces dan por probado que fue dinamita Goma 2 y no Tytadine, y que procedió en su totalidad o gran parte de la mina asturiana Conchita.

No es cierto, además, que el instructor Juan del Olmo no investigara las posibles conexiones con ETA; lo hizo, y la consecuencia resultante es que esas conexiones no han existido. Conviene subrayar, por último, el párrafo dedicado en la sentencia a desmontar uno de los puntos clave del montaje de los medios sensacionalistas: que no se hizo la autopsia a los cadáveres de los siete terroristas suicidados en Leganés, lo que dejaría sin aclarar la causa de su muerte.

No todos los sentados en el banquillo han sido condenados. Algunos han sido absueltos y otros han tenido penas inferiores a las pedidas por el ministerio fiscal. Aunque no haya gustado a las víctimas, que quisieran verlos a todos condenados a la pena máxima, eso realza la sentencia, pues muestra que ha habido un juicio con garantías, en el que sólo se condena con pruebas indubitables y se absuelve si no las hay. Porque había dudas, y muy fundadas, y porque no podía condenársele de nuevo por los mismos hechos ha sido absuelto Rabei Osman El Egipcio, uno de los considerados inductores del 11-M por el ministerio fiscal y ya condenado en Italia por pertenencia a banda armada. También han sido absueltos Hassan El Haski y Youssef Belhadj, aunque condenados por pertenencia a banda armada.

Frente a la monstruosidad de un mortífero atentado yihadista, sólo cabe señalar, no sin un punto de orgullo, la solvencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de la justicia de este país. Pero, en lugar de ello, la prensa sensacionalista y el principal partido de la oposición siguieron ayer obstinados en seguir alimentando la nube tóxica que ellos mismos han creado.

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