Por una fiscalidad sostenible
Construir una economía sostenible está en el centro de la agenda internacional. Ése es el resultado más claro de la movilización mundial que ha supuesto la Conferencia de Copenhague sobre el Cambio Climático. Aunque sólo es un primer paso, conviene ahora, tras la puja, echar cuentas y ver que le toca hacer a cada uno.
Las leyes de economía sostenible son necesarias, pero no pueden quedarse en declaraciones de intenciones. Deben incorporar políticas fiscales activas y progresivas, y más concretamente, dos figuras impositivas de especial interés: la tasa sobre el carbono y la tasa sobre transacciones financieras, que requieren un enfoque universal para ser realmente operativas.
Europa tiene un paquete medioambiental comprometido de 20/20/20 (en 2020, emitir 20% menos de gas carbónico que en 1990 y generar 20% de su energía con fuentes renovables), independiente de las ofertas de aumentar la reducción al 30% condicionada. Esta decisión obliga a todos los países miembros a un esfuerzo sostenido, para lo que deben armonizar el marco fiscal energético.
La tasa del carbono y la tasa sobre transacciones financieras son clave para el futuro
La tasa sobre el carbono o ecotasa es un elemento esencial del paquete. Al gravar los recursos emisores de gas carbónico (CO2), aumenta la eficiencia energética, elemento básico de la economía sostenible y ayuda a la competitividad. Sus resultados en los países europeos que la aplican desde hace tiempo son aleccionadores.
En Suecia, se introdujo en la reforma fiscal de 1991, a partir de la filosofía de que todas las rentas requieren energía, con reducciones en los impuestos de renta, sociedades y un tipo uniforme de IVA. Actualmente, la tasa se eleva a 108 euros por tonelada de CO2 y se aplica tanto a empresas como a familias. Su aplicación no ha dañado a la competitividad de la economía y sí ha reducido la dependencia de energías no renovables. Dinamarca sigue la misma política. A título de comparación, Suecia grava los combustibles fósiles más del doble de la media europea mientras que España no llega al 80%.
En Alemania, su aspecto redistribuidor es aún más claro, la pagan las empresas para financiar las pensiones. En Suiza, ha transvasado la carga de la seguridad social sobre el trabajo hacia la energía, siguiendo la sensata línea nórdica de transferir el peso de las cargas sociales sobre el puesto de trabajo hacia la imposición general, reforma laboral en profundidad. Su implantación es objeto de encendida polémica en Francia. España, a pesar de su apuesta por energías renovables, sólo tiene un 4% de este origen y depende todavía en un 60% de energías fósiles. ¿Para cuándo la tasa del carbono en España?
Además, está la contribución al fondo global para los países emergentes, donde la Unión Europea tendrá que aportar, a partir de 2010, entre 5 y 7 millardos de euros a los países emergentes para las medidas de urgencia con una perspectiva de aportar 15 de los 100 millardos de euros necesarios en 2020. En un caldeado ambiente donde la mayoría, con China, India y Brasil, a la cabeza aunque cambiando de campo por su propio desarrollo, exige un mayor esfuerzo a los países industrializados como mayores contaminadores, la tasa del carbono es urgente tanto por razones de egoísmo bien entendido como de solidaridad.
El segundo elemento que la Unión Europea ha incorporado es la propuesta de tasa sobre las transacciones financieras. La famosa tasa Tobin, resucitada por Lord Turner en su excelente y polémico informe sobre la reglamentación como respuesta a la crisis financiera. La defendí con mi buen amigo Bernard Kouchner en el Parlamento Europeo. Los enterados la consideraban como la virtud, deseable en teoría pero imposible de conseguir en la práctica, y dejaban su reivindicación a los altermundialistas.
Sin embargo, resulta cada vez más incomprensible e injustificable que, mientras funciona la regulación a escala planetaria del tráfico aéreo o la gripe A, estemos inermes ante el desmadre financiero. Sobre todo, cuando pagar la cuenta ha desequilibrado de modo decisivo los presupuestos, obligando a un endeudamiento sin precedentes. Concretamente, las ayudas al sector financiero en la Unión Europea equivalen a un tercio de nuestro producto.
Es ilusorio pensar que ante una finanza globalizada e irresponsable, la limitación o la imposición en el reparto de bonos o la mera denuncia de los paraísos fiscales, medidas que en sí merecen apoyo, puedan ser suficientes. Hasta Obama tiene que tomar medidas ejemplares. Ahora le toca al G-20 plantear en el marco de la ONU, en particular el FMI, el Banco Mundial y también la OMC, con los servicios incluidos en la Ronda Doha, un sistema aplicable a escala internacional. Se estima que una tasa global de un 0,05% sobre los productos financieros entre los países del G-20 proporcionaría casi 700 millardos de euros. El fondo global de cambio climático deberá gestionarse en la misma línea.
El G-20 ha sido una primera respuesta a la crisis, ampliando el marco de responsabilidad y solidaridad. Ahora, se enfrenta con el desafío de no ser una reedición ampliada del viejo mundo. Copenhague muestra que el marco de la ONU es el adecuado para concretar un nuevo multilateralismo sostenible para un planeta habitable.
Enrique Barón Crespo es ex presidente del Parlamento Europeo.
