La hora del balance

Los piratas somalíes han liberado a los 36 tripulantes del atunero español Alakrana, secuestrado desde el 2 de octubre. Es una magnífica noticia. A partir de este momento, sin embargo, el Gobierno está obligado a ofrecer información detallada sobre los hechos y las gestiones encaminadas a lograr la vuelta a casa de los marineros. También a asumir las responsabilidades políticas que, en su caso, pudieran derivarse de su actuación, una vez conocidas y evaluadas las explicaciones.

El previsible aumento de la tensión que se producirá a cuenta del Alakrana no puede llevar a que se trastoquen los papeles de los extorsionadores y los extorsionados con el solo propósito de obtener réditos políticos. Hacerlo mientras 36 inocentes estaban en manos de los piratas rayaba la temeridad, y por eso era preciso respaldar al Gobierno y las instituciones. Ahora que el peligro ha quedado atrás, conviene no perder de vista que lo que está en cuestión no es la responsabilidad por el secuestro, que corresponde por entero a los piratas, sino la respuesta que se ha dado. No se trata de ajustar cuentas, sino de aprender las lecciones de estas semanas de angustia.

El Alakrana hizo caso omiso de las advertencias de que se encontraba faenando fuera de la zona protegida, realizadas por la fragata Canarias. Nada habría más miserable que culpar a la víctima de un delito por haberlo padecido, pero comportamientos como el del atunero no deberían repetirse: la protección relativa que ofrece la Operación Atalanta resultará inútil si no se atienden las indicaciones de las autoridades militares. Las aguas del Índico se han convertido en una zona de alto riesgo, y armadores y capitanes deberían asumir esta realidad en toda su extensión, evitando poner a las tripulaciones en peligro y colocando a los Estados en situación de ser chantajeados por delincuentes.

La Armada cumplió con su deber deteniendo a los piratas y, sobre todo, poniendo la detención en conocimiento de la autoridad judicial. Alegar razones de oportunidad para no apresar a unos piratas equivaldría a concederles una total impunidad, una vez descubran que nadie se esfuerza en capturarlos mientras tengan en su poder a los rehenes. Por otra parte, las fuerzas armadas de un Estado de derecho no pueden mantener fuera de cualquier jurisdicción a unos detenidos, improvisando para los piratas un nuevo e inquietante limbo jurídico. Una cuestión diferente es a qué jurisdicción deberían entregarlos, y es aquí donde, en el caso del Alakrana, el Gobierno debe una explicación de la opción que adoptó. Y, puesto que la Audiencia Nacional no ha tenido inconveniente en hacer públicas notas para exculparse, tampoco estaría de más que extrajera alguna conclusión de su actuación, sobre todo cuando ha ofrecido espectáculos como las idas y venidas sobre la edad de uno de los piratas.

Durante el último tramo del secuestro, la oposición ha mantenido una actitud a la altura de las circunstancias, lo mismo que las familias. Pero, en el caso de los partidos políticos, no siempre ha sido así, y este inaceptable comportamiento inicial no puede quedar excluido del obligado balance político y social de la gestión del secuestro. Como tampoco debería evitarse una reflexión sobre el papel de los medios de comunicación: habría que plantearse si la carrera por retransmitir las conversaciones con el patrón del Alakrana autorizadas por los piratas o con los mismos secuestradores es un ejercicio de libertad de expresión o una manera de plegarse a la manipulación de unos delincuentes. El secuestro del Alakrana ha sido grave porque la vida de 36 inocentes ha estado en peligro, pero también porque ha puesto a todo un país frente a sus debilidades.