La igualdad idiomática

Tiempo les faltó a los más radicales defensores de la imposición idiomática para crucificar al Valedor do Pobo gallego por el simple consejo de que se promueva por igual el uso del gallego y del castellano.

Se quejaban de que la lengua marginada es el gallego. Algo similar expresa el enigmático Sr. Callón (Presidente de la Mesa por la Normalización), cuando clama por la igualdad jurídica como desiderátum entre ambas lenguas.

Veamos. La lengua empleada por la Administración autonómica y local es exclusivamente la gallega, salvo que expresamente se pida su "traducción" al castellano; se premia desproporcionadamente el conocimiento del gallego como mérito para acceso a la función pública, y se impone que algún, o algunos, o todos, los exámenes se realicen forzosamente en esa lengua, cuando ambas son oficiales en esta Comunidad; los rótulos, señalización y denominación de los edificios públicos (y en breve de los privados) constan en gallego; incluso los impresos de algunos museos van en gallego y en inglés, ¡exclusivamente!; se obliga a impartir las clases en gallego, salvo la lengua castellana o, en su defecto, las de menor peso.

¿Igualdad jurídica? Como no gusta la realidad social se produce una discriminación positiva hacia el gallego, discriminación que supera los límites del fomento para pasar al campo impositivo y vulnerar derechos democráticos, en una praxis inimaginable en ningún otro país europeo.

En todo caso, por mucho que los sectores nacionalistas se quejen en su constante letanía para conseguir por la fuerza lo que no por el convencimiento, la apuesta estratégica de futuro está servida: la educación. Una cosa es estudiar gallego, y otra es estudiar solamente en gallego.

La inmersión educativa en una única lengua, el gallego (gallego por cierto, de laboratorio que se crea ex novo cada poco con el único afán diferenciador del castellano), y en un adoctrinamiento nacionalista, dará sus frutos en una, dos generaciones. Desgraciadamente, al tiempo.