La ironía de la educación ciudadana
Acabo de dar un curso a profesores de enseñanza primaria sobre esa nueva materia denominada educación para la ciudadanía. En el desbarajuste de gritos y concentraciones que han acompañado a la discusión de la nueva ley de educación, a nadie se le ha ocurrido decir a los responsables de su enseñanza en qué iba a consistir aquello. Las peleas políticas y las manifestaciones callejeras, como cualquiera pudo sospechar desde el principio, no versaban en realidad sobre cómo se educaba a los chicos, sino sobre cómo se repartía el dinero y el poder. Dejar estas concupiscencias a un lado nos permitirá por ello entrar en el fondo de la cuestión un poco más despejados.
Contra lo que se viene afirmando, la educación para la ciudadanía no es un invento circunstancial de un partido que tiene el oculto designio de indoctrinar a nuestros hijos, sino una materia que se ha impuesto en casi todos los países europeos. El proceso en Inglaterra ha sido un modelo: acuerdo entre partidos, comité de especialistas presidido por Bernard Crick y un informe soberbio que fue presentado al speaker de los Comunes en septiembre de 1998. Empieza así: "Advertimos unánimemente a la Secretaría de Estado de que la enseñanza de la ciudadanía y la democracia, construida en un sentido amplio que definiremos, es algo tan importante para las escuelas y la vida de la nación que tiene que haber una exigencia legislativa a los colegios para que aseguren que forma parte de la capacitación de todos los alumnos". Al mismo tiempo, la Unión Europea desarrolló el proyecto Educación para la ciudadanía democrática, que acabó por expresarse en el llamado Informe Euridice. En él se dice: "En los últimos años, el fomento de la cohesión social y de una mayor participación activa de los ciudadanos en la vida política y social se ha convertido en un tema clave en todos los países europeos. Se ve a la educación para la ciudadanía como un medio de hacer frente a los desafíos del siglo XXI". Sólo la ignorancia o la mala fe, por tanto, pueden sustentar las insidias que destila nuestra castiza derecha educativa. Pero lo más dañino de esa actitud es que crea una atmósfera polucionada en la que se hace difícil introducir críticas serias y preocupaciones genuinas.
El proceso que hemos seguido en España para incorporar la materia al currículo educativo ha sido justamente el contrario del inglés: desacuerdo vociferante entre partidos, arbitrismo e improvisación por parte de colegas aislados y ausencia casi absoluta de documentación. Para tratar de paliar un poco la falta de probidad de los unos y la falta de fundamento de los otros convendrá ponerse a hablar de la cuestión. Hay ya alguna gente trabajando entre nosotros. Quisiera unir mi voz a ellos para transmitir una perplejidad que me ha suscitado mi experiencia.
De acuerdo con algunos de los más autorizados especialistas, la educación para la ciudadanía sólo será útil si cumple estas dos condiciones: en primer lugar, no ha de transformarse en una asignatura más con meros contenidos informativos que los chicos tengan que aprender pasivamente para ser evaluados en ella, pues ello sólo incrementaría el currículo sin alterar necesariamente sus hábitos y actitudes. En segundo lugar, debe concentrarse adecuadamente en un cuerpo de conceptos y valores que, por así decirlo, sean el cimiento en el que se sustenta. La noción de ciudadanía es una constelación muy compleja de valores, derechos, virtudes, instituciones y procedimientos que descansan en unos pilares básicos. Estos principios son los que hay que vivir cotidianamente en el colegio para que el proceso educativo logre hacer mejores ciudadanos. Ello quiere decir que hemos de crear en los chicos hábitos y actitudes que hagan vivos, por así decirlo, esos valores que sirven de fundamento a la ciudadanía. Sólo después aparecerá como algo natural el buen ciudadano. Cómo se crean esos hábitos y cuáles sean esos valores subyacentes a la condición de ciudadano son incógnitas no menores sobre las que mucho me temo que no nos hemos parado a pensar. Hemos hecho lo de siempre: se las hemos endosado a maestros y profesores. Un lastre más que hemos soltado sobre ellos siguiendo la práctica al uso de eludir nuestras responsabilidades.
En efecto, a profesores y a centros de educación les estamos pidiendo ya con una insistencia que hace presagiar lo peor que se ocupen de nuestros hijos antes, extendiendo la etapa infantil has-ta los límites mismos de la lactancia, y que se ocupen de ellos siempre, también en los periodos vacacionales, en los que necesitamos que se mantengan abiertos los centros para depositar, aparcar o almacenar allí a los niños del barrio. Lo de que vengan a comer a casa es, por supuesto, inimaginable. Al paso que vamos, la familia esa de que tanto habla de oídas nuestro clero reaccionario va a convivir con sus hijos los festivos y veinte días de vacaciones. El resto será el mero dormir bajo el mismo techo. Durante la vigilia les atenderá el maestro, al que ahora, además, encargamos la tarea nueva de la educación ciudadana. ¿Cómo se las compondrá para ello? Pues difícilmente. Las condiciones en que desarrolla heroicamente su labor no invitan precisamente al optimismo. De ahí mi preocupación.
Al contrario que aquellos que se han figurado que los niños serán buenos ciudadanos si se saben la Constitución, las listas de derechos humanos y el procedimiento electoral, yo organicé mi curso sobre la base de eso que he llamado pilares previos. Estoy convencido de que tienen razón quienes dicen que los ciudadanos mejores son aquellos que han desarrollado el hábito de actuar de acuerdo con virtudes básicas. Consecuente con ello, convoqué a algunos colegas especialmente dotados para explicar en qué consisten, entre otras, las siguientes cosas: actuar en libertad, respetar las reglas, razonar y negociar, ser responsable, reconocer la autoridad, practicar la tolerancia y valorar el medio ambiente.
Entiendo que el buen ciudadano es aquel que sabe hacer uso de su libertad, se conduce de acuerdo con las reglas vigentes, ha excluido la solución violenta de los conflictos, es capaz de argumentar y pactar los desacuerdos, asume las consecuencias de sus acciones, valora y acepta la autoridad aunque esté siempre vigilante de sus decisiones, puede ponerse en el lugar de quien no tiene sus mismas convicciones y cuida el medio tanto como se preocupa por la relación con los demás. Esas cosas -repito- son condición necesaria para pensar siquiera en ser un buen ciudadano.
Cuál no sería mi sorpresa cuando los profesores de primaria me dijeron que muchas de esas cosas las ensayaban todos los días con los niños, pero que había una mala noticia: servía para muy poco. ¿Por qué? La respuesta puede intuirse: les enseñan a respetar las reglas la misma mañana que su padre o su madre se han saltado algunas de ellas debido a las prisas y van a llevarlos al centro hablando por el móvil mientras conducen. Tratan de inculcarles el respeto por la autoridad al mismo tiempo que los profesores son desautorizados con el más mínimo pretexto, sin ser infrecuente que los mismos padres los increpen y denigren públicamente. Les exigen perentoriamente que renuncien a la violencia mientras respiran una agresividad latente en medios de comunicación y experiencias cotidianas. Les hacen practicar la argumentación y la negociación de desacuerdos para que aparezca en los telediarios de máxima audiencia una tropa de diputados vocingleros descalificándose entre sí e impidiendo hablar a los demás mientras surge como una suerte de héroe la figura deplorable de Martínez Pujalte. Les enseñan algunas buenas maneras y reglas de mínimo decoro para que su espejo vivo sean los futbolistas, unos sujetos semianalfabetos que, dejando a un lado su probada habilidad con el balón, tienen el hábito de escupir compulsivamente y tocarse en público los genitales. Pretenden inculcarles tolerancia mientras en su casa misma se ultraja al extranjero o al inmigrante. Les transmiten la idea de respeto y dignidad de la persona mientras abundan los espacios de televisión en que la gente se degrada a sí misma y degrada a los demás. Les recuerdan la igualdad de género mientras su madre friega y su padre mira la televisión. Y les advierten de que cuiden el medio y usen las papeleras, para que a la salida venga siempre alguien a por ellos con un bocadillo cuyo envoltorio irá directamente al suelo.
Todo esto me contaban los profesores como parte de sus experiencias cotidianas. Y su desconsolada conclusión era que la nueva materia de educación ciudadana debería en efecto ser obligatoria y evaluable, pero sobre todo para las familias, los personajes públicos, los medios de comunicación, el Congreso de los Diputados y el plató de televisión. La ironía es que la escuela se puede contemplar así como un oasis educativo en un desierto de falta de educación, un posible refugio de ilustración en medio de una ventolera de incultura, una isla hipotética donde se podrían desarrollar buenas prácticas ciudadanas en un mar de apatía política, falta de respeto a la autoridad y crispación cotidiana. Y son precisamente los maestros y profesores los encargados de defender todos los días ese pequeño bastión de ilustración y civismo en el que depositamos cada vez más responsabilidades. A ver si un día de estos a alguno se le ocurre convocar una manifestación en favor de ellos. Verán en ella pocos sindicalistas, menos políticos y ningún obispo, pero será una verdadera manifestación por la mejora de la educación. Esa que encargamos a los demás y estropeamos después nosotros.
Francisco J. Laporta es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.
