La jornada tiene límites

El rechazo del Parlamento Europeo a la ampliación de la jornada laboral hasta 65 horas semanales, en caso de acuerdo entre empresario y trabajador, tiene una elevada carga simbólica. Con esa decisión, los parlamentarios están transmitiendo el mensaje de que existe un modelo laboral europeo que no debe erosionarse por el hecho de que otros modelos busquen el aumento de la productividad sobre la base de más horas trabajadas a cambio de menos salario; y sugiere que el aumento de la rentabilidad en el mercado laboral europeo debe conseguirse por otros medios, sean organizativos o tecnológicos. Investirse de grandes principios en momentos de graves crisis económicas y aumento del desempleo no es una posición muy pragmática; pero una vez conseguido el impacto político que supone negar la semana laboral de 65 horas, queda en pie el hecho de que los Gobiernos tendrán que negociar con el Parlamento un nuevo texto de la directiva sobre el tiempo de trabajo.

Por tanto, las posiciones radicalmente extremas deben descartarse de inmediato. Tan exageradas son las interpretaciones según las cuales se ha acabado con la Directiva de la Esclavitud como las lamentaciones empresariales que se empeñan en denunciar los efectos catastróficos de la votación de ayer, porque "el voto del Parlamento Europeo priva a las empresas de la flexibilidad que necesitan sobre tiempo de trabajo". De hecho, la Eurocámara ha aprobado una norma que permite aumentar de cuatro a 12 meses el plazo de referencia que se usa para calcular la jornada semanal de 48 horas; de esa manera, ese límite podrá superarse siempre que se compense con otros periodos de menor carga al año.

En esa negociación pendiente, los Gobiernos y los eurodiputados podrán ajustar mejor los procedimientos para flexibilizar la jornada laboral. En una fase recesiva que se prevé aguda y prolongada, las empresas deben tener opciones para mantener la viabilidad del negocio; siempre y cuando, claro está, esas opciones no se conviertan en un visto bueno universal para ejecutar ajustes de plantilla más allá de lo exigido por la situación de la empresa. La proliferación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en España con la coartada de la crisis es un buen ejemplo del riesgo latente de excesos en este campo.

El modelo laboral europeo no está amenazado por una involución de las condiciones laborales, pero no está de más marcar nítidamente los límites que no se pueden sobrepasar. Una vez fijado el mensaje político, y sobre el supuesto de que los derechos de los trabajadores deben ser respetados, parece útil, en Europa y en España, permitir que las empresas y los trabajadores dispongan de un margen de negociación superior al actual y no se vean encorsetados hasta la asfixia por convenios firmados en las cúpulas empresarial y sindical. El desafío es encontrar ese punto de equilibrio.