La judicialización de la lengua

El español, como todas las grandes lenguas y muchas de las pequeñas, está dejando de ser una lengua natural. Una lengua natural es la que una comunidad conforma en el proceso largo de interiorización de unas normas y va regulando por consenso tácito de los hablantes, que comparten un mundo conocido por todos en una medida sustancialmente igual y en el que todos pueden influir con más o menos la misma competencia idiomática. Una lengua natural es también, pues, un fenómeno arcaico, de otro tiempo.

Hoy, bien de otro modo, la inmensa mayor parte del mundo que habitamos, el que constituye nuestro principal horizonte de referencias cotidianas, está ocupado por los productos de las técnicas, los medios, la industria, las propagandas, las administraciones..., que, por necesidad, por capricho o por perversa conveniencia, no sólo tienden a expresarse en un lenguaje propio, sino que lo imponen a la comunidad sin posibilidad de reacción.

Ocurre a menudo que las jerigonzas que llegan de las alturas atentan contra la naturaleza del idioma, desmembrándolo y volviéndolo artificial. Cuando alguien pide "una segunda taza de café" (y no "otro café") es que ya no habla castellano, sino que recurre a un artefacto ajeno: se ha quedado huérfano de sistema lingüístico. Pero mayor gravedad tiene que la jerga de un cierto sector se instaure socialmente como única y establezca unas categorías estándar de pensamiento y de valoración en detrimento de las normales en la lengua de todos: entonces el ciudadano se queda huérfano de criterio.

Un triste ejemplo está en la judicialización de la lengua aneja según es obvio, a la judicialización de la política. España ha sido siempre tierra de leguleyos, amigos de liquidar una cuestión con un tecnicismo jurídico, que sin embargo se recibía como tal, como el dictamen de un especialista que contemplaba una sola cara del asunto. En los últimos tiempos, el tecnicismo con frecuencia desplaza y anula todas las otras perspectivas.

Leíamos en la Biblia que los hebreos "prevaricaron contra el Señor" y oíamos a don Quijote tratar a Sancho de "prevaricador del buen lenguaje", y no se nos ocurría que el pueblo elegido ni el leal escudero incurrieran en ningún delito castigable por las leyes de los hombres (civilizados), porque los derivados del latín praevaricor (ojo, es esdrújulo) se venían usando tradicionalmente en español con el amplio alcance que recoge el Diccionario de Autoridades: "Trastrocar o invertir el orden y disposición de alguna cosa colocándola fuera del lugar que le corresponde", flaquear en un deber, "faltar uno a la obligación de su oficio quebrantando la fe, palabra, religión o juramento".

De unos años para acá, en cambio, es imposible usar una pala

-bra de esa familia léxica sin tener en la cabeza el paréntesis que los periódicos, al arrimo del Código Penal, indefectiblemente le añaden a prevaricar: "Dictar una resolución a sabiendas de que es injusta".

La consecuencia es que la lengua se ha empobrecido y los hablantes hemos perdido capacidad de opinión y decisión. Al constreñirnos al uso técnico, se nos fuerza a razonar dentro de un restringido planteamiento jurídico y a excluir las consideraciones de otro tipo y en otros ámbitos, que el uso castizo sí permitía y aun estimulaba.

Las etiquetas impuestas desde los olimpos del poder se apoderan así de los espacios sociales y personales, para robarle dimensiones a la complejidad de las acciones y las conductas humanas y reducirlas a un único aspecto. Con ello no sólo se mina la lengua, sino que se debilita la imagen de la realidad, muchas veces con deliberado propósito de engaño.

En el caso de la judicialización de la lengua, no puede estar más claro: medir el comportamiento de un individuo por un rasero exclusivamente legal implica descartar todas las otras posibilidades de valorarlo. Cuando se trata de una figura pública, es invariablemente una artimaña para distraer la atención e impedir que se le apliquen patrones distintos de los específicos de los tribunales: la arquetípica falacia, por ejemplo, de que el asesino no es culpable (no se confunda con "penalmente responsable") porque el crimen ha prescrito.

Parece un hecho firme que un cierto Alonso Pérez, alias El Bigotes, a quien la prensa describe como director de la hijuela valenciana de una "gran trama de corrupción política vinculada al PP", regaló (que se sepa) media docena de trajes al presidente del antiguo reino, don Francisco Camps, y no sé qué niñerías preciosas a sus más allegados. La materia ha ido a los tribunales y todo el interés se centra en si uno de los dos o los dos a una han incurrido en un delito de soborno, "cohecho pasivo impropio" (que ahora resulta ser noción familiarísima al común de los mortales) u otra figura jurídica, y si el proceso, de llevarse a cabo, se celebrará con jurado o sin él, y qué precio ha de tener un obsequio para convertirse en soborno.

Como siempre en ocasiones similares, los secuaces del señor Camps alegan la presunción de inocencia constitucional, mientras por presunto entienden los rivales supuesto culpable, según es de rutina (en general, ¿no valdría la pena sustituirlo por acusado?).

Sin embargo, cifrar el asunto en las facetas legales, o simplemente tomárselas demasiado en serio, sí que es prevaricar "trastrocando el orden de las cosas", por descuidar, en especial, las conversaciones entre el presidente y Pérez hechas públicas por EL PAÍS:

Camps: "Feliz Navidad, amiguito del alma".

Pérez. "Oye... que te sigo queriendo mucho. (...)".

Camps. "Ya, ya lo sé, pero sobre todo para decirte que te quiero un huevo", etcétera, etcétera.

Un vetusto magistrado dictamina en la Red que "si la acusación no prueba la realidad de un regalo en atención al cargo, y no por exclusivas razones de amistad, será absuelto". Pamplinas. El meollo del caso no es el regalo, punto de mínima importancia, sino la amistad con un tipo como El Bigotes; y quien puede juzgar sobre la amistad no es Papiniano con sus códigos, sino Cicerón con términos naturales y corrientes ("usitatis verbis et propriis"). Ni los que cuentan son los criterios estrechamente jurídicos, sino los criterios políticos, morales, de decoro, hombría de bien, dignidad y coherencia: los propios de la experiencia diaria, de la mirada personal y de la lengua común. No otro es el jurado de veras relevante.

Las buenas gentes de a pie se están quedando sin opinión y sin lengua, porque no tienen otras palabras ni ideas que el repertorio prefabricado que se les sirve en bandeja.

La judicialización del idioma es sólo una muestra, multiplicable por cien, de cómo los lenguajes sectoriales colonizan la realidad, la ocultan tras cortinas de humo o la reducen a los datos más fácilmente manipulables. Es, también, una corrupción de la libertad y el juicio de cada cual.