Otra de jueces

La huelga de jueces, segunda en lo que va de año, que se desarrolló el pasado jueves a instancias de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) amenaza con hacer crónica en la vía pública española una anomalía institucional. Es lo menos que cabe decir de comportamientos que, al margen de su dudosa constitucionalidad -la opinión doctrinal mayoritaria niega a los jueces el derecho de huelga-, carecen de cobertura normativa alguna y deja ayuno al Estado durante un tiempo del ejercicio de uno de los poderes que lo definen: el jurisdiccional.

Que la huelga tuviera un seguimiento limitado y desigual -algo más del 23% de los 4.500 jueces en activo, según el Consejo del Poder Judicial- no mitiga su carácter irresponsable. Los convocantes -la mayoritaria APM, representativa de la derecha judicial- no han sabido o querido explicar los motivos concretos de la huelga, salvo los genéricos y recurrentes de falta de medios e incumplimientos del Gobierno. Tampoco el momento de hacerla, justo después de aprobarse un ambicioso plan de modernización e informatización de la oficina judicial en tres años, presupuestado en 600 millones de euros y tendente a evitar errores judiciales tan dramáticos como el caso de la pequeña Mari Luz.

No es extraño que otras asociaciones judiciales se hayan sentido desairadas por una iniciativa que consideran por lo menos "inoportuna". Y sorprendidas de ver cómo una asociación que se opuso a la huelga asamblearia del 18 de febrero, y que ha negociado no pocos de los puntos recogidos en el plan de modernización de la oficina judicial, haya cambiado de criterio a la hora de ponerlo en marcha. Es impensable que el cambio se deba al interés de movilizar a la derecha judicial con vistas a las próximas elecciones a las salas de gobierno de los tribunales superiores.

Más bien la huelga parece reflejar el temor a una posible pérdida de poder en la nueva oficina judicial, a pesar de que el Ministerio de Justicia mantiene la agenda de señalamientos en manos del juez, pasando por encima de las exigencias de organización administrativa y de servicio público propias de un juzgado del siglo XXI y no del XIX. Si los jueces toman gusto por la huelga, van a hacer realidad el viejo ideal anarquista de desaparición del Estado. Al menos mientras no se adapte a sus intereses, que es una variante conservadora de la anarquía.