Cuando el juez es un peligro

Un juez que no habla por la boca de la ley sino por la de sus creencias u opiniones morales representa un peligro público. Y no en abstracto, sino de manera muy concreta para aquellos ciudadanos que tienen la desgracia de estar bajo su jurisdicción. Que se lo digan si no a la mujer, lesbiana, que intentó adoptar a la hija de su pareja, o a la madre que solicitó la custodia de sus hijos, y a las que el juez de familia de Murcia Fernando Ferrín Calamita les denegó ese derecho, no en virtud de argumentos derivados de la ley, sino de consideraciones sobre la homosexualidad o lo que es o no normal en la familia.

La Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial ha suspendido cautelarmente en sus funciones a este juez. Pero lo ha hecho -y no por unanimidad- forzada por las circunstancias: la pareja a la que se le denegó la adopción se querelló contra el juez y la ley contempla la suspensión mientras se tramita el procedimiento. Al Consejo Judicial la conducta del juez Ferrín sólo le merece una multa de 1.000 euros. Es al menos lo que hace unos días propuso el instructor del expediente disciplinario.

El caso del juez Ferrín es extremo, pero, por ello mismo, choca la benevolencia mostrada por el Consejo Judicial con este juez. Y más todavía si algunos vocales no han ocultado sus dudas sobre su capacitación para ejercer. ¿Por qué, entonces, a un juez con serias dudas sobre su predisposición a aplicar la ley al margen de sus creencias se le destina a un juzgado de familia, donde sus prejuicios homófobos encuentran campo abonado?

Ferrín ya dio a entender al poco de ingresar en la carrera, y tras ordenar detener a dos jóvenes en top less en una playa gaditana, que su forma de ejercer la jurisdicción estaría basada, tanto o más que en los códigos, en la Biblia y Camino, sus dos libros de cabecera, según confesó. Esa declaración debió alertar al Consejo del Poder Judicial para tomar medidas y no dejar el campo libre a un juez predispuesto a confundir la ley con sus prejuicios, lesionando gravemente los derechos del ciudadano que busca amparo y protección en la justicia.