Lo que se juzga en Bilbao

En el banquillo del juicio que hoy se inicia en Bilbao no sólo estarán sentados el lehendakari y el principal aspirante a sucederle tras las elecciones de marzo, sino, junto a ellos, cinco dirigentes de Batasuna, cuatro de los cuales, encarcelados desde hace meses por intento de reconstrucción del partido ilegalizado, llegarán esposados a la Audiencia. El quinto, Otegi, que salió de la cárcel en agosto y tiene pendientes varios juicios más, declaró ayer que lo que se juzga a partir de hoy es "la naturaleza antidemocrática del Estado español", entre otras cosas por haber ilegalizado a su formación.

Hay que prepararse, por tanto, para el previsible intento por parte de Batasuna de convertir este juicio en un proceso contra el marco legal vigente, y en particular contra la ley que sacó de la legalidad a una formación de la que se consideró probado que formaba parte de un entramado dirigido por una banda que asesinaba a militantes, candidatos y cargos electos de los demás partidos. Sería una ingenuidad imperdonable olvidar este aspecto de la cuestión, como sin duda pretenderán esos cinco acusados de desobediencia de la sentencia de ilegalización.

Los otros encausados, el lehendakari y los socialistas López y Ares, deben responder de haberse entrevistado con los anteriores durante la fallida tregua de 2006. La principal cuestión planteada es si la prohibición de actividades políticas de un partido ilegal afecta a la posibilidad de que sus dirigentes se reúnan con políticos de partidos legales. La Ley de Partidos no establece que sea delictivo hacerlo, y la posibilidad de que se trate de un acto de cooperación para el delito (pues si no se hubieran reunido con Otegi y compañía éstos no habrían roto la prohibición de celebrar reuniones políticas) resulta demasiado retorcida como para servir de base a una condena penal.

El portavoz del PP en el Parlamento vasco declaró ayer que serán los jueces quienes determinen si hubo o no delito, pero que lo seguro es que fue "un error político manifiesto" celebrar aquellas reuniones con Otegi y los suyos. Es muy posible que lo fuera, a la vista de cómo las interpretó Batasuna, pero entonces también fue un error que el PP llevase el asunto al terreno judicial presentando una denuncia contra Ares y López por un posible delito de desobediencia. El efecto no sólo fue envenenar las relaciones entre ambos partidos cuando más necesaria era la unión, sino que imposibilitó la crítica política por ese posible error al desviar el debate al campo penal.

La necesidad de separar la crítica política y la acción penal fue el argumento empleado por el Supremo para archivar una querella por un asunto similar. El Tribunal Superior del País Vasco no estaba obligado a seguir ese criterio, pero pudo haberlo hecho. Habría sido una decisión plenamente jurídica y más prudente que la de dar ocasión al brazo político de ETA para el espectáculo propagandístico que sin duda espera protagonizar.