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Cartas al director
Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

¿Por qué se movilizan los agentes forestales?

Hoy, los agentes forestales están en plenas movilizaciones en la Comunidad de Madrid y Castilla y León, ayer en Cataluña y mañana será Andalucía u otra comunidad autónoma. Cuando estos funcionarios públicos reivindican ejercer sin trabas y presiones sus potestades de coacción administrativa, lo que realmente piden es que la Administración les permita realizar su trabajo, que es la vigilancia y protección del medio natural, sin discriminar ni colaborar con bolsas de impunidad ante los ilícitos administrativos y penales que atentan contra el medio ambiente y que surgen por la influencia que ejercen determinados sectores sociales en las estructuras político-administrativas de las administraciones públicas.

El caso Andratx, en Baleares, es un claro ejemplo de cómo una denuncia (posible ilícito penal) de un agente forestal ha estado inmovilizada varios meses en algún despacho administrativo, sin llegar al juzgado correspondiente.

Los agentes forestales cuando reivindicamos nuestro tradicional ejercicio de la condición de policía judicial genérica, recogida en la legislación vigente, es para poder investigar delitos como las construcciones ilegales en nuestros terrenos forestales, la caza furtiva de nuestras especies protegidas, la provocación de los incendios forestales en nuestros bosques, la contaminación de nuestro medio ambiente, etcétera, y que cuando de nuestras pesquisas resulte un posible indicio de delito, la denuncia o atestado llegue sin dilación alguna al juez o fiscal competente. Queremos que el trabajo público realizado tenga un sentido social, que nuestras actuaciones sirvan para prevenir atentados contra la naturaleza y el medio ambiente y que, en los casos que no sea posible, se sancione al autor o autores sin ninguna discriminación.

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Es intolerable que en 2007, en un Estado de derecho, la genuina policía ecológica de España desde hace más de 130 años, compuesta en la actualidad por unos 5.500 agentes, la quieran algunos gestionar como una guardia pretoriana al servicio de una casta técnica poco evolucionada ante los nuevos retos que plantea la defensa de nuestro medio ambiente.

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