La nuclear de los líos

La vida útil de una central nuclear es el periodo de tiempo durante el cual puede operar en plenas condiciones de seguridad y rentabilidad. Así está establecido y no es necesario aclararlo por ley. Si el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sostiene que promoverá una reforma legal para definir la vida útil de las nucleares -quizá para hacerla coincidir con la vida de diseño, 40 años-, cabe suponer que no es por aclarar algo que ya lo está, sino porque el Gobierno necesita apuntalar jurídicamente la decisión de cierre de la central de Garoña en 2013, tomada a pesar de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) consideró que estaba en condiciones de operar otros 10 años.

Si el Gobierno no fundamenta de forma convincente la decisión de cerrar Garoña, corre el riesgo de que Nuclenor, la empresa propietaria, reclame una cuantiosa indemnización por expropiación de lucro cesante, el que la compañía dejará de percibir cuando se cierre la planta. En la exposición de motivos de la orden ministerial que faculta el cierre no aparecen causas razonables por las cuales se toma la decisión. Porque, por más que se esfuercen los redactores de la orden, apostar por el desarrollo de las energías renovables, un propósito laudable, no es causa de cierre de una instalación que cumple con sus exigencias de seguridad. Establecer por ley que la vida útil de una central nuclear equivale a su vida de diseño eliminaría todos los riesgos jurídicos de reclamación y posible indemnización. El problema ahora es que la decisión de cierre es anterior al cambio legal que anunció Zapatero.

La pertinacia del presidente y su grupo de asesores energéticos -entre los que no parece contar demasiado el ministro de Industria, Miguel Sebastián- ha conseguido convertir un asunto sencillo, como era la prórroga de la central con un acuerdo con las empresas para entregar parte del beneficio regulatorio, en una cadena de incongruencias. La liquidación de Garoña ya es una decisión innecesaria, porque su funcionamiento es compatible con las energías renovables; pero, además, se cometió la torpeza de demorar el cierre hasta 2013, con lo cual el problema permanecerá abierto durante cuatro años; y ahora se pretende remendar los descosidos en la argumentación del cierre con un blindaje legal. Así, paso a paso, el cierre de Garoña se ha convertido ya en un lío político de primera magnitud; ahora va camino de ser también un gran lío legal.