Miércoles, 9/12/2009, 02:16 h
Opinión19/06/2008
La detención del alcalde de Estepona y otros 24 empleados del Ayuntamiento y empresarios acusados de delitos típicos de corrupción municipal como prevaricación, cohecho, malversación de fondos o delitos contra la ordenación del territorio, recuerda que España tiene un serio problema de delincuencia urbanística y que ese problema es particularmente grave o está especialmente concentrado en la costa turística española. Como en una larga ristra de casos desde Andratx (Baleares) hasta Mogán (Canarias), el equipo municipal, encabezado por el alcalde socialista Antonio Barrientos, concedía favores urbanísticos a cambio de pingües sobornos y comisiones millonarias. El PSOE le ha expulsado del partido, a diferencia de lo ocurrido en otros casos en que los cargos imputados eran del PP.
Este gesto pretende demostrar que el partido socialista no está dispuesto a tolerar casos de corrupción entre sus militantes. Es el principio opuesto a los criterios del PP, reacio a sancionar políticamente los indicios de delito mientras no hay sentencia firme. La conducta del primer partido de la oposición conduce a situaciones tan escandalosas como las de Alhaurín o Totana, donde alcaldes acusados de delitos inmobiliarios siguen desempeñando plácidamente sus funciones.
Pero el guiño no basta. En Estepona hay que exigir, como en casos anteriores, que los culpables sean castigados con la máxima dureza que permite la ley en atención al fraude perpetrado contra el bienestar de los ciudadanos y los daños causados a la confianza en las instituciones democráticas. Pero además existen responsabilidades de gestión política que conviene aclarar. ¿Ha sido una auténtica sorpresa el descubrimiento de este nuevo foco de infección política? La dirección socialista ya permitió en 2003 una alianza del PSOE local con una facción del GIL, partido de infausta memoria en Marbella. La fulminante expulsión no resuelve más que la fachada del problema. Como terapia elemental, el PSOE debería explicar públicamente por qué se aceptó un pacto tan nefasto y como pretende recuperar la credibilidad de la ciudadanía después de este fiasco.
La lucha contra la corrupción urbanística exige, por supuesto, una Administración de justicia dotada de medios y con iniciativa política para investigar la delincuencia hasta los últimos rincones. También es necesario, por no decir urgente, que se apliquen con rigor las leyes vigentes contra la corrupción. Resulta pintoresco que no se pueda reclamar la declaración pública de bienes de alcaldes y concejales, prevista en la Ley del Suelo de 2007, simplemente porque no se ha regulado la figura del Estatuto Municipal. Como es absurdo que a fuerza de negligencia administrativa y concesiones políticas se hayan desactivado los controles internos de los municipios, como el que representaban los interventores. Y, no menos importante, las leyes deben modificarse para que la restitución de lo robado sea condición indispensable para acceder a los beneficios penitenciarios.
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- 19-06-2008Página 1 de 4
16
Ale
- 20-06-2008 - 00:00:17h
Próximo ayto. a investigar el de San Roque......muchas recalificaciones de terrenos y masificación de edificación en una zona antes preciosa....y el consejal de urbanismo, el Sr. Ledesma lleva 9 añitos en el cargo......
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Juan Andaluz
- 19-06-2008 - 22:21:03h
El papel de control de legalidad y económico que ejercían los Secretarios, Interventores y Tesoreros de los ayuntamientos se ha ido elimando poco a poco, y han sido sustituidos por personal de confianza política, enchufados de los partidos y "recaudadores". La Ley está, lo que hay que hacer es aplicarla, con más fiscales y policías especializados. A veces con acercarse a los Registros de la Propiedad se comprueba la corrupción.
14
RAMÓN
- 19-06-2008 - 21:41:07h
El editorial merece un sitio de honor en la verdad informativa. Es costumbre hablar de corrupción en países del tercer mundo y de este mundo, llamado dearrollado, la corrupción constituye un verdadero cáncer que irónicamentre es de conocimiento de las istancias superiores que pasan de largo hasta que el cancer supura. ¿Para que las leyes que propician un sistema de evasión de culpables?. ¿Por qué no se suspenden de sus cargos públicos a funcionarios municipales que amparan o se amapran en esa clase de mafias?. ¿Que papel pinta el cacareado régimen autonómico? O sea, autonomia para cobrar impuestos y no para velar por los derechos ciudadanos
13
Horacio
- 19-06-2008 - 20:34:39h
La corrupción seguirá puesto que no se aplica medida alguna para evitarla, es decir, no hay interés por parte del poder público y privado en atajarla puesto que son los mayores y únicos beneficiados. Técnicas anticorrupción existen, podría destacar las siguientes;1) transparencia en la gestión ante la ciudadanía, esto es, cualquier persona puede solicitar y dársele de inmediato cualquier gestión realizada por el Ayuntamiento, desde un proyecto urbanístico hasta la relación de empleados con nombres, apellidos, nivel de estudios alcanzado, cargo que ocupa, salario bruto anual y tipo de contrato (Si a Ginés no le hubiesen enchufado no habría ocurrido lo de Coslada), 2) desaparación de lo contencioso-administrativo y creación de un órgano superior de inspección administrativa formado por economistas, sociólogos y politólogos cuyo informe final sea vinculante, 3) declaración pública de bienes, 4) reducción de competencias a los Ayuntamientos 5) realización de auditorías externas tanto financieras como de organización 6) eliminación del actual modelo de adjudicación de contratos públicos...no incluyo la figura del interventor puesto que puede ser suspendido de empleo y sueldo por el Alcalde..........métodos existen, pero no interesan, hay muchos viviendo muy bien con el dinero de todos.
12
jjmm
- 19-06-2008 - 20:05:17h
Tanto en Marbella, como ahora en Estepona (ningun imputado del PP), todas las actuaciones descubiertas, han sido (necesariamente) autorizadas por LA JUNTA DE ANDALUCIA una vez que ha cobrado su parte.CLARO QUE LO SABIAN. Me imagino, que devolveran lo cobrado. El PSOE hace mucho que tenia que haber intervenido. Es el responsable.
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