El pacto del agua

La solución finalmente adoptada de llevar agua del Ebro a Barcelona para evitar restricciones en el suministro el próximo otoño responde a una emergencia; será la solución correcta si se cumple el plazo previsto de unos cuatro meses para instalar la tubería. Esta fórmula no supone mayor extracción, pues se trata de recuperar el agua que hoy se pierde al circular por viejas acequias abiertas. La Administración estima ese caudal en un mínimo de 50 hectómetros cúbicos anuales.

Eso sí, aunque menor, es un trasvase, pese al absurdo interés del tripartito catalán y del PSOE por evitar esa palabra, anatematizada desde su oposición a ese aspecto del Plan Hidrológico Nacional, votado en su momento por PP y CiU y parcialmente derogado luego por el PSOE. Es tan trasvase como el del Segre que proponía el Gobierno catalán. Pero con una salvedad, que el agua a trasladar no afecta al caudal de río.

La conducción irá soterrada por la zona de servidumbre lateral de la autopista AP-7. Alguien deberá explicar por qué una empresa privada anuncia ahora que puede hacer en cuatro meses una obra que la Administración catalana había estimado en 21 meses. La primavera próxima, cuando las desalinizadoras estén en condiciones de abastecer a la conurbación barcelonesa, se podrá prescindir incluso de ese caudal. Y el trasvase será entonces obturado.

Aunque la obra sea temporal, está bien que no se desmonte: más vale conservarla, aunque no se utilice, como garantía complementaria ante un cambio climático acelerado. También es bueno que se acometa el estudio sobre el trasvase del Ródano, como propone CiU, por más que la duración de las obras, un mínimo de siete años, lo haría inservible para la actual emergencia.

El agua del Ebro sigue envenenando las relaciones entre comunidades autónomas, y ahora también entre el Gobierno central y el de Cataluña y de los partidos catalanes entre sí. Algunos atribuyen al río un valor simbólico rayano en la ridiculez: la izquierda catalana y el PSOE lo usaron como arma arrojadiza contra PP y CiU por el Plan Hidrológico. Ahora esos dos partidos acusan de incoherencia a quienes avalan la solución del trasvase desde Tarragona.

Aunque no son situaciones equiparables, no estaría de más que tanto el Gobierno central como el Tripartito reconocieran que se equivocaron, al menos por falta de previsión; pero hablar de "humillación" del pueblo valenciano, como ha hecho el presidente de esa comunidad, e incluso llevar la protesta a la calle junto con los murcianos, es cavilar fuera del tiesto.

Que algunos políticos hayan sido dogmáticos primero e inconsecuentes después es criticable; pero ante una emergencia que afecta a cinco millones de personas, lo primero que hay que hacer es buscar una solución viable y no agitar las aguas con la bandera del agravio. ¿No estaremos perdiendo el sentido del ridículo?