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Cartas al director
Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

Que paguen más los ricos

Diversos expertos han sugerido, entre ellos los técnicos de Hacienda, diversas medidas para aumentar los ingresos y paliar el déficit. Por ejemplo, subir el tramo máximo del IRPF del 43% al 50% y reducir el fraude fiscal. Una de las medidas estrellas era gravar a las sociedades de inversión de grandes capitales (SICAV) al 18%. Hoy tributan a un 1%. Esta medida permitiría ingresar al menos otros 1.500 millones de euros.

Pero el Gobierno, una vez más, autoriza un producto que permite que los ricos paguen menos impuestos. El Ministerio de Economía ha autorizado que las grandes fortunas españolas puedan invertir en los SIF luxemburgueses (fondos de inversión especializados, por sus siglas en inglés) uno de los productos más atractivos del ducado y hasta ahora vetados fiscalmente en España. Ante la inminente subida de los impuestos a las rentas más altas, los grandes capitales se han movido y han sacado tajada de la jugada.

El Gobierno aumentará la tributación de los capitales de las SICAV, pero a cambio les abre la puerta para que inviertan en los SIF. En Luxemburgo, los accionistas pagan apenas un 0,01% en impuesto de sociedades por este producto, mientras que en España desembolsan el 1%. Cifra que puede aumentar.

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Esta medida no se entiende mientras el Gobierno decide el recorte del 5% del salario de los funcionarios, la congelación de las pensiones, la reducción en 6.000 millones de euros en inversión pública o la eliminación de la retroactividad en el cobro de la prestación por dependencia.

Como tampoco se entiende que aporte al fondo de rescate de la banca 9.000 millones de euros, mientras los mismos bancos han declarado unos beneficios netos de 13.000 millones de euros el año pasado.

Estas decisiones nos confirman que desde el 2008 asistimos a una socialización de las pérdidas del sector financiero que hace recaer los ajustes económicos sobre el salario, el empleo y los gastos sociales.

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