El precio de Internet

Hay dos polémicas persistentes en Internet que afectan a la base del sistema: la neutralidad en la Red y las tarifas. Dos asuntos que, a veces, se confunden a pesar de no ser lo mismo. Chile acaba de proclamar por ley, y de forma pionera, la protección de la neutralidad en Internet. En un único artículo, la norma establece que ninguna operadora podrá discriminar "arbitrariamente", bloquear o restringir el derecho de cualquier internauta a utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal. Obviamente, las operadoras podrán tomar medidas técnicas para gestionar el tráfico, pero estas no han de tener como objetivo alterar la libre competencia.

En EE UU, el debate sigue abierto. En principio, las operadoras defienden la posibilidad de discriminar el tráfico mientras que los grandes proveedores de contenidos y servicios se oponen a ello. Google, inicialmente entre estos últimos, ha dado un giro aceptando notables excepciones en el mundo de la telefonía móvil. Europa, por su parte, tiene abierta una consulta en la propia Red antes de tomar una decisión regulatoria. Una consulta que los internautas han criticado por críptica, convocada en plenas vacaciones y con poco ánimo de fomentar la participación. La neutralidad en la Red es un principio que debe ser defendido para evitar que cualquier operadora, por ejemplo, pueda primar la velocidad de acceso a servicios en los que tuviera intereses y, al mismo tiempo, penalizara ofertas competidoras.

Las operadoras, esta semana las españolas, han vuelto a plantear el tema de las tarifas en el Internet para móvil. No es solo un problema de cuantía. La migración del internauta de las redes fijas a las móviles y el volumen de tráfico que acabarán exigiendo las aplicaciones audiovisuales en el teléfono o las tabletas pedirá una robustez inédita de las infraestructuras inalámbricas. De hecho, las operadoras aplican una tarifa ondulada que penaliza, con menos velocidad, a quien supere cierto umbral de tráfico. En este escenario es necesario respetar el acceso universal a Internet, que, por ley, en España será un derecho el año próximo, aunque sea con una humilde velocidad de un mega. Este derecho también supone precios asequibles y el reto está en combinar ello con la necesidad de las operadoras de disponer de capacidad inversora para mejorar las redes. Un reto que, según las estadísticas europeas, España no tiene resuelto.