Lo que preguntaban los periodistas en Bilbao

Ibarretxe no se conforma con ser absuelto; quiere que le den la razón; que el tribunal "diga con toda claridad que el diálogo político [con los dirigentes de la ilegalizada Batasuna] no sólo no es delito, sino que es la única solución". También Otegi, el interlocutor principal del lehendakari en las entrevistas objeto de la causa ahora sobreseída, pensaba que lo que se juzgaba era "la negociación política, pero también la Ley de Partidos". Tras el archivo de la causa dijo que el proceso había demostrado "la naturaleza profundamente antidemocrática del Estado español".

Un centenar y medio de periodistas de varios países se acreditaron para seguir el juicio de Bilbao. Las cuestiones invocadas por Ibarretxe y Otegi suelen ser las que más interesan a los reporteros extranjeros cuando hablan con sus colegas locales. Se extrañan (sobre todo si ya han hablado con Otegi o algún otro pico de oro de Batasuna) de que ese partido siga siendo ilegal, provocando situaciones tan llamativas como el procesamiento del presidente vasco y del principal líder de la oposición. También preguntan por qué hay ahora tanta resistencia de los partidos no nacionalistas a admitir la negociación con ETA.

En 2008 ha habido 38 atentados; Batasuna no ha hecho gesto alguno de desmarque

Ibarretxe aspira a encabezar una alianza por el diálogo y el derecho a decidir

Desde 1968 ETA ha asesinado a 839 personas, de las que 486 (el 58%) eran policías o militares y 353 (el 42%), civiles. Con una singularidad: entre el año de aprobación de la Constitución, en 1978, y 1995 sólo 10 (el 1,6%) de las 623 víctimas mortales eran políticos o cargos públicos; mientras que de las 93 asesinadas a partir de 1995, 26 (casi el 30%) han sido adversarios políticos: concejales (16), dirigentes o ex dirigentes de partidos no nacionalistas (5) o cargos institucionales (5).

En paralelo, grupos juveniles del entorno de ETA practican desde mediados de los noventa una violencia de acoso contra particulares que se signifiquen por su no adhesión a la causa abertzale. En el otoño de 2002, meses antes de las elecciones municipales de 2003, ETA declaraba "objetivos militares" a las sedes y actos políticos del PP y PSOE. Obligados a llevar protección policial, bastantes concejales de esos partidos dimitieron y otros muchos renunciaron a ser candidatos. [Datos tomados de los balances anuales sobre Violencia en Euskadi, de la agencia Vasco Press, y del libro La derrota de ETA, de J. M. Calleja e I. Sánchez Cuenca. (Adhara. Madrid, 2006)].

Era imposible seguir considerando legal, permitir la participación electoral y financiar con fondos públicos a un partido que formaba parte del entramado organizativo dirigido por una banda que se consideraba con derecho a eliminar a sus rivales políticos y electorales. Una vez establecida judicialmente la relación de dependencia de Batasuna respecto a ETA, la ilegalización de tal partido era difícilmente eludible: no puede haber un mínimo de igualdad de oportunidades en esas condiciones. Los tribunales sacaron de la legalidad a Batasuna en 2003, aplicando la Ley de Partidos aprobada el año anterior. Esta norma pone el acento, antes que en los fines, en los medios, pacíficos o violentos, empleados para alcanzarlos; y establece cautelas contra posibles intentos de dar continuidad a la formación prohibida mediante la utilización de otras siglas.

Pronunciamientos posteriores del Tribunal Constitucional reconocieron, sin embargo, el carácter excepcional de esa norma y establecieron las condiciones para recobrar (aunque con siglas diferentes) la legalidad: la piedra de toque sería acreditar la no dependencia de ETA, para lo que se consideraría un indicio fundamental la condena pública de sus atentados.

En 2008 ha habido 38 atentados, de los que ocho fueron con coches bomba, con el resultado de 4 personas muertas y 64 heridas. También ha habido 227 acciones violentas de los grupos de acoso. Batasuna y sucedáneos se han negado a realizar el menor gesto de desmarque.

El lehendakari y su partido estuvieron en contra de la ley y de su aplicación a Batasuna desde el primer momento, aunque mezclando razones políticas (marginación política de un sector de la población) y jurídicas (posibilidad de ilegalizar por la vía penal). Esto último no impidió que también se opusieran a la suspensión cautelar de Batasuna decretada por el juez Garzón en aplicación de esa vía.

Cuando Ibarretxe decidió incluir a Otegi en la ronda de partidos que convocó un mes después del inicio del alto el fuego de 2006, estaba ejerciendo un derecho, pues nada había en la ley que considerase delictivo reunirse con los ex dirigentes de la formación disuelta. Pero estaba también intentando cobrar protagonismo en un proceso, el diálogo Gobierno-ETA, del que se había visto excluido. Y estaba, especialmente en la segunda entrevista, tras el atentado de Barajas, dirigiendo al mundo radical el mensaje de que, incluso en esas circunstancias, mantenía su reconocimiento de Batasuna como interlocutor. Es una postura que comparten bastantes personas, pero sobre la que ni siquiera había unanimidad dentro de su partido, dirigido entonces por Imaz.

Por eso, la pretensión, dos años después, de que el Tribunal Superior le diera la razón, reconociendo que hizo bien al reunirse con Otegi, era difícilmente alcanzable. El tribunal podía decir que no había delito en hacerlo, pero ir más allá y avalar una determinada estrategia significaría otorgar a los magistrados potestad para decidir sobre cuestiones que forman parte del debate político entre partidos; el principal argumento contra el procesamiento era precisamente que los jueces no deben interferir en ese debate. Además, al judicializar una actuación política discutible, se evita el debate sobre lo acertado o desacertado de la misma. ¿Cómo reprochar a Ibarretxe su iniciativa (por inoportuna o por interferir en la estrategia antiterrorista del Gobierno, por ejemplo) cuando pesaba sobre él una petición de casi tres años de cárcel?

Esos argumentos figuraban en un auto anterior del Supremo sobre un asunto similar. El Tribunal Superior de Euskadi pudo haberse acogido a ese criterio orientativo para inadmitir la querella presentada por el Foro Ermua y la asociación Dignidad y Justicia contra Ibarretxe y los socialistas López y Ares por sus entrevistas con Otegi durante la tregua. Al optar por fundamentar el archivo en la "falta de acusación legítima" (una consideración procesal), el tribunal vasco deja la resolución definitiva en manos del Supremo, que tendrá que pronunciarse sobre los recursos anunciados. Esto introduce alguna incertidumbre porque ese tribunal ha emitido resoluciones contradictorias sobre el alcance de esa consideración procesal.

En el aspecto político, el archivo desbarata la estrategia de Ibarretxe de convertir el juicio en plataforma de despegue de su campaña electoral. Trataba, por una parte, de aprovechar la marea de rechazo a un juicio tan absurdo para jugar la baza victimista; pero también para, tras el descarrilamiento del intento de final dialogado auspiciado por Zapatero, recoger la bandera del diálogo y comparecer con ella el 1 de marzo: como candidato de todos los nacionalistas (de cualquier partido) que identifican el fin de la violencia con el reconocimiento del derecho a decidir. O sea: con las dos preguntas entrelazadas de su famosa consulta.

La lista impresionante de testigos propuestos por su defensa (algunos de ellos compartidos con la abogada de Batasuna) indica que no improvisaba al decir que lo que se juzgaba era la vía del diálogo: un par de semanas con ruedas de prensa diarias de negociadores y mediadores irlandeses y surafricanos, miembros de la Fundación Carter, el argentino Pérez Esquivel, el ex presidente italiano Cossiga, entre otros, todos ellos en apoyo de las convicciones personales de Ibarretxe, más las declaraciones por escrito de Aznar y Zapatero: ése era el marco previsto para el lanzamiento de su candidatura como cabeza de una renovada alianza por el diálogo y el derecho a decidir que abarcase un perímetro mayor que el de su partido.

El archivo de la causa dificulta ese protagonismo del lehendakari, aunque también evita a su partido el riesgo de que una sobreactuación suya pudiera resultar contraproducente.