Contra los proxenetas

El plan contra la trata de seres humanos para su explotación sexual, aprobado recientemente por el Gobierno, supone un paso importante en la lucha contra el tráfico de mujeres. El plan es, de hecho, el resultado hasta ahora más visible del trabajo de la comisión Congreso-Senado, que se disolvió en 2007 sin decantarse por ninguna de las dos opciones que se barajaban, la reguladora y la abolicionista, en relación con la prostitución. Perseguir a los proxenetas y proteger a las víctimas del negocio ilegítimo fue la recomendación parlamentaria que ahora atiende este plan.

Entre las medidas previstas destaca la posibilidad de decomisar y subastar los bienes de los proxenetas en el inicio de la instrucción, y la creación de un fondo con el dinero que se obtenga, una vez dictada sentencia, destinado a reforzar la lucha policial y judicial contra las mafias. En el apartado de la protección de las víctimas, destaca la concesión de ayudas socio-laborales a las mujeres que denuncien a sus proxenetas. Hasta ahora, si lo hacían, podían beneficiarse de la concesión automática de un permiso de residencia. Pero la trama de terror en la que frecuentemente se encuentran atrapadas hacía que muy pocas lo hicieran. En adelante, tendrán un mes para presentar la denuncia, y durante ese tiempo serán arropadas con la ayuda necesaria.

Hay que considerar que muchas de las mujeres que han caído en las redes del proxenetismo han sido conducidas a esa situación con engaño o por la fuerza, con amenazas que alcanzan a su familia directa en sus países de origen y a veces incluso con torturas.

La Organización Internacional de Migraciones estima que las redes mafiosas introducen cada año en Europa a 500.000 mujeres, una cifra formidable. De las 300.000 que se estima ejercen la prostitución en España, alrededor del 90% son ya extranjeras, lo que da una idea de la fuerza y penetración de estas madejas delictivas transnacionales. El fuerte aumento de la oferta en el mundo de la prostitución ha producido una mayor demanda y la exacerbación de las condiciones de explotación de lo que puede considerarse una de las nuevas formas de esclavitud del siglo XXI.

La erradicación de este tentacular mercado ilegal, que proporciona a sus cabecillas pingües beneficios, es compleja y dilatada en el tiempo. Exige, sin duda, perseguir sin tregua a las mafias; pero el negocio obviamente no funcionaría sin clientes. Tal vez sea necesario ampliar el foco y considerar la posibilidad de sancionar a quienes se benefician de esas ilegalidades de forma consciente, como sucede en otros países europeos. Porque no es lo mismo tener relaciones sexuales con una mujer que ejerce libremente la prostitución -aunque el hecho de que medie un precio pueda considerarse un atentado a su dignidad- que mantenerlas con una persona aterrorizada y sometida en régimen de esclavitud, por una red criminal.