... y las recetas de Zapatero
Es lo que se propone el Gobierno con el nuevo paquete de medidas aprobadas ayer en un Consejo de Ministros extraordinario. Con su inusual convocatoria a mediados de agosto, el presidente demuestra que está dispuesto a recuperar la iniciativa política en el tratamiento de lo que llamó "estancamiento" y "frenazo económico". El margen de maniobra del Ejecutivo es limitado, ya que gran parte de las causas de la crisis son externas, pero mejor es tomar iniciativas que, como proponen algunos gurús ultraliberales, quedarse quieto mientras pasa el vendaval. En ese sentido, hay que aplaudir el traslado al terreno estrictamente económico de la vocación reformista de este Gobierno, y apoyar, por ejemplo, su propósito de ayudar a las familias y a las empresas en dificultades -siempre que en este último caso no se recurra a intervenciones directas-; pero las propuestas concretas recitadas ayer por el presidente Zapatero provocan dudas.
En unos casos, por la liviandad de los remedios. Es el caso de la enésima reducción de los aranceles que se pagan a notarios y registradores para constituir hipotecas y otros servicios. En otros, por la dudosa rentabilidad de la medida, como las ayudas al alquiler. Y en algunos, las dudas surgen de la imprecisión. Está bien inyectar 20.000 millones de euros para ayudar a pequeñas y medianas empresas o a la vivienda, pero hay que detallar la rentabilidad de esas ayudas y a través de qué procedimientos se aplicarán. Las reformas anunciadas -menor burocracia para crear empresas y liberalización de servicios- no tendrán efecto a corto y medio plazo y, en todo caso, en aquellas actividades que afecten a los mercados las liberalizaciones exigen como contrapartida controles para impedir prácticas contrarias a la competencia.
El Gobierno admite ya que estamos ante una crisis grave, y no una simple desaceleración; pero el argumento de que a otros les va peor refleja una resistencia a reconocer que sus causas no son sólo exógenas: que hubo inercias que retrasaron, por complacencia con los excelentes registros de empleo y PIB, medidas como las que ahora se enuncian, muchas de ellas planteadas hace años. Y se echan en falta asuntos de más calado, como la posibilidad de reducir las cargas sociales que pesan sobre la creación de empleo o la vinculación de las subidas salariales con la productividad y no sólo con el IPC.
Algunos analistas denuncian que el Gobierno dispersa sus políticas en demasiadas direcciones y que sería mejor seleccionar unas cuantas imprescindibles y aplicarlas hasta el final, rindiendo cuentas de sus resultados. Por ejemplo, en iniciativas de impulso de la productividad, que es la clave esencial de nuestros problemas. La situación exige menos agitación gestual, a la que tanto recurre la oposición, y más realismo.
